Uno de los principales artículos de la ley de reconstrucción nacional es el nuevo mecanismo de invariabilidad tributaria, el cual permitirá a inversionistas chilenos y extranjeros firmar un contrato con el Estado para mantener fijas ciertas condiciones tributarias.
Aunque hay dudas sobre los ajustes que impulsaría el gobierno tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) y también persisten interrogantes respecto de cómo se aplicará esta disposición, ya es posible advertir los proyectos en tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que podrían acogerse a este régimen, en caso de ser aprobados.
La iniciativa establece tramos para acceder a la invariabilidad: los proyectos de inversión superiores a US$ 50 millones podrán firmar un contrato con el Estado para mantener sus cargas fiscales por un plazo de 10 años (desde US$ 50 millones a US$ 100 millones), 15 años (sobre US$ 100 millones hasta US$ 350 millones) y 20 años (montos superiores a US$ 350 millones).
El proyecto de ley planteó que los inversionistas extranjeros que celebren un contrato de inversión extranjera para el desarrollo de proyectos mineros, industriales, forestales, de energía, de infraestructura, de telecomunicaciones, de investigación, desarrollo tecnológico, médicos o científicos, entre otros, que impliquen inversiones por un monto mínimo de US$ 50 millones, podrán optar por un régimen de invariabilidad tributaria.
Y si bien el TC dio luz verde a esta norma y no tocó los tramos, sí eliminó la expresión “entre otros” que alude a los sectores que se pueden acoger a este régimen. Esto activó una evaluación desde del Ministerio de Hacienda, donde no se descarta una modificación legal para ampliar el número de áreas. Así, aunque el 1 de enero de 2027 comienza a regir el nuevo mecanismo, su redacción definitiva no está del todo cerrada.
¿Cuántos proyectos hoy en el SEIA se podrían acoger a la invariabilidad tributaria en caso de ver la luz? DF accedió a dos escenarios posibles: uno con una lectura amplia de lo que consideraría la norma, y otro muestra una visión más restrictiva ceñida a lo resuelto por el Tribunal.
Según Libertad y Desarrollo (LyD) sobre la base de datos del SEIA recopilados por la plataforma Prisma Sofofa, al cierre de agosto de este año, 151 de los 361 proyectos en tramitación ambiental superan una inversión declarada de US$ 50 millones (monto mínimo para acceder al primer tramo del régimen de invariabilidad tributaria), con una suma de US$ 86.824 millones, equivalente al 97% de los montos actualmente en calificación.
Así, 42 proyectos de hasta US$ 100 millones podrían acogerse a una invariabilidad de 10 años y 60 de hasta US$ 350 millones, a uno de 15 años.
Mientras, 49 iniciativas podrían acceder al tramo superior de invariabilidad tributaria, de 20 años. Este último tramo suma cerca de US$ 72.600 millones declarados y está compuesto principalmente por proyectos mineros, energéticos y de hidrógeno verde. Destaca el proyecto de Producción de Hidrógeno y Amoniaco Verde de TotalEnergies H2 por US$ 16 mil millones.
El economista de LyD Rodrigo Román explica que, si bien el TC eliminó la expresión “entre otros”, la interpretación de la norma sigue siendo amplia. Además, dice, “el espíritu del proyecto durante su discusión fue incentivar proyectos por su aporte al crecimiento sostenible de nuestro país, sin establecer una diferenciación por sector productivo”.
En tanto, Pivotes -excluyendo proyectos que, superando los respectivos umbrales, no cuadran con algunas de las tipologías de la propia ley que el TC luego limitó- estima que 125 proyectos en tramitación en el SEIA podrían acogerse a la invariabilidad tributaria. Esto, de un total de 361 proyectos que están en tramitación ambiental.
Por ejemplo, respecto de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), de un universo de 274 proyectos en calificación, al menos 62 deberían poder acogerse a la invariabilidad. Mientras, 189 iniciativas quedarían fuera por monto y 21 por área (todos proyectos inmobiliarios).
En total, 47 proyectos quedarían con invariabilidad por 20 años, 54 por 15 años y 24 por 10 años.
Para el director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela, es difícil argumentar que el cambio en la redacción que hace el TC no tiene el efecto de acotar los sectores beneficiarios de la invariabilidad. Por lo tanto, dice, “proyectos inmobiliarios o de saneamiento, por mencionar algunos ejemplos, difícilmente puedan beneficiarse de esta norma. Creo que si se busca ampliar el universo de proyectos beneficiados por tipo de sector, se requerirá una reforma legal”.
Impacto acotado
En caso de no prosperar la idea de incorporar todos los sectores, ¿qué efecto tendría en las cifras? Aunque dependerá de qué sectores sean considerados, Román sostiene que el impacto sobre las cifras agregadas sería relativamente pequeño, ya que la minería, energía e hidrógeno verde concentran más del 90% de la inversión de obras que superan los US$ 50 millones.
Para Pivotes, si se consideraran todos los actores, esto implicaría incorporar los dos EIA que fueron excluidos en sus cálculos. En el caso de las DIA, precisa, “serían 23 proyectos inmobiliarios en trámite los que se integrarían al universo de beneficiarios”. Finalmente, añade, “tendría un impacto sobre proyectos que todavía no ingresan al sistema”.
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Karen Peña
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