Una Ley vigente, pero sin una pieza clave para ser aplicada. Esa es la situación que enfrenta aquella que reconoce la función de los recolectores de residuos domiciliarios y establece obligaciones para proteger su salud y seguridad laboral, luego de que venciera hace cuatro meses el plazo para dictar el reglamento que debe precisar sus condiciones de implementación.
La legislación, impulsada por la anterior administración de Gabriel Boric -y aprobada por unanimidad en su último trámite en el Senado-, busca mejorar el entorno de más de 21 mil recolectores, entre trabajadores privados y funcionarios municipales.
Entre otras materias, reconoce su derecho a la protección de la salud; garantiza espacios para higiene, alimentación y descanso, incluidos agua potable y servicios sanitarios; y establece capacitaciones en seguridad. También contempla protocolos de prevención y gestión de riesgos, planes frente a accidentes y agresiones de terceros y disposiciones sobre trabajo pesado.
Ante la demora, la Consultora Faro -en la cual la exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, y su exjefe de gabinete, Jorge Millaquén, son socios- y la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Empresas e Interempresas de Servicios de Aseo, Ornato, Jardines y Rellenos Sanitarios de Chile (Fenasinaj) recurrieron a la Contraloría General de la República (CGR).
“Hoy tenemos una Ley vigente, que fue aprobada unánime y transversalmente, pero sin las herramientas para hacerla cumplir”, dice Jara.
La presentación solicita que el organismo intervenga para que los ministerios del Trabajo y de Salud cumplan con la obligación pendiente.
La norma fue publicada el 30 de octubre de 2025 y dio a ambas carteras seis meses para dictar el reglamento. El plazo venció el 30 de abril sin que fuera publicado.
Jara cuestiona directamente el incumplimiento del actual Ejecutivo. “Hoy tenemos una ley vigente, que fue aprobada unánime y transversalmente, pero sin las herramientas para hacerla cumplir”, señaló.
“El gobierno dejó pasar el plazo, que venció el 30 de abril, y esas normas empezaron a regir sin el instrumento técnico que la legislación exige para poder aplicarlas”, agregó la exministra.
Según explicó, el reglamento debía fijar los estándares técnicos para hacer exigibles materias como el acceso permanente a agua potable, servicios higiénicos y espacios para alimentación, ducha y cambio de vestimenta, además de la capacitación semestral en seguridad y salud y la entrega de elementos de protección personal.
La ausencia, precisó, impactaría en los protocolos de prevención de riesgos, los programas de vigilancia epidemiológica y la fiscalización de los camiones. Si bien la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) ha emitido circulares para orientar a las mutualidades, Jara recalcó que estas no reemplazan el reglamento conjunto que exige la ley.
Los riesgos
El escrito ante la CGR sostiene que el incumplimiento no sería meramente formal. Mientras no exista el reglamento, plantea, las condiciones específicas de seguridad y salud carecen de la concreción necesaria para su plena exigibilidad y fiscalización. Incluso, señala que la demora podría configurar una falta de servicio de la Administración.
Jara puso el acento en los riesgos que enfrentan los recolectores: accidentes con camiones, tolvas y compactadores; caídas; cortes y pinchazos con vidrios y agujas; exposición a residuos biológicos y químicos; sobreesfuerzo físico y temperaturas extremas. A ello sumó las dificultades de acceso a agua, baños y duchas durante la jornada y el riesgo de agresiones de terceros.
“El perjuicio es directo: mientras el gobierno no dicte el reglamento, los trabajadores siguen expuestos a estos riesgos sin protocolos exigibles, sin elementos de protección garantizados y sin una fiscalización efectiva sobre las condiciones reales en que se ejecuta la recolección”, afirmó.
El Ministerio del Trabajo fue consultado al respecto, y explicaron que el reglamento ya fue elaborado, y ahora está siendo revisado por el ministerio de Salud. Luego de ello, ingresaría a Contraloría.
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Carolina León
