El Senado tenía previsto concluir este martes la votación del proyecto de Sala Cuna Universal, uno de los principales compromisos laborales del gobierno. Sin embargo, la discusión deberá esperar una semana, luego de que la sesión terminara abruptamente debido al tenso intercambio entre el senador independiente Enrique Lee y representantes de organizaciones presentes en las tribunas.
“Los derechos sociales se tienen que financiar, y la pregunta que yo le hago a la galería es de dónde financiamos más o mejores derechos sociales en un país que está en una clara crisis laboral”, planteó el parlamentario.
E interpelando a los representantes de organizaciones sindicales del área de la educación presentes, dijo: “Quienes hoy día alegan son personas, son sindicatos, son gremios que tienen trabajo”.
Y, de paso, los llamó a mirar a quienes están desempleados incluso dentro de sus propias familias.
Sus palabras fueron respondidas con gritos y cuestionamientos desde las galerías y se instruyó el desalojo del público presente.
Tras la suspensión, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, buscó bajar la tensión y defendió la necesidad de seguir adelante con la reforma.
“Es legítimo tener discrepancias en términos de cómo se financia un proyecto de ley”, sostuvo, aunque agregó que “lo que no corresponde es la estridencia, los gritos”.
El secretario de Estado recalcó que el Ejecutivo seguirá impulsando una solución “sostenible” que permita terminar con la discriminación que, a juicio del gobierno, genera actualmente el artículo 203 del Código del Trabajo en la contratación femenina.
Pese al abrupto cierre de la sesión, el Senado alcanzó a iniciar la votación del articulado y aprobó algunas disposiciones.
“Es legítimo tener discrepancias en términos de cómo se financia un proyecto de ley”, sostuvo el ministro Rau, aunque agregó que “lo que no corresponde es la estridencia, los gritos”.
Los ejes
El corazón del proyecto es el reemplazo del actual artículo 203 del Código del Trabajo y, con ello, el término de la regla que obliga a proveer sala cuna solo a las empresas que ocupan a 20 o más mujeres.
El nuevo esquema amplía progresivamente el beneficio a trabajadores dependientes e independientes con menor cantidad de mujeres contratadas, hombres y mujeres, trabajadoras de casa particular y personas que se desempeñan en determinadas empresas públicas o sociedades en que el Estado tenga participación.
Para financiar esta expansión se creará un Fondo de Sala Cuna, que se financiará con una nueva cotización de 0,35% de cargo del empleador por cada persona contratada -independiente de que sea hombre o mujer-, que será compensada con una reducción equivalente en el aporte que actualmente destina el mismo empleador al Seguro de Cesantía.
El diseño contempla, además, un aporte fiscal de UTM 11.631 durante los dos primeros años y una garantía estatal ante eventuales insuficiencias de recursos.
Los cambios de Hacienda
Una parte importante del diseño discutido este martes se terminó de configurar durante su paso por la Comisión de Hacienda, instancia que introdujo varias modificaciones.
Entre ellas está una protección especial para quienes trabajan bajo sistemas de turnos o jornadas incompatibles con los horarios tradicionales de las salas cuna. El texto establece expresamente que esa circunstancia no impedirá ejercer el derecho.
También se perfeccionó uno de los puntos sensibles del proyecto: cuánto financiará el Fondo.
El monto será determinado anualmente por Hacienda a partir de antecedentes técnicos y podrá diferenciarse no solo entre regiones, sino también entre provincias, buscando recoger las diferencias territoriales en los costos del servicio.
Además, Hacienda incorporó un piso: el aporte no podrá ser inferior, en términos reales, al del período anterior, salvo que la Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad recomiende justificadamente una reducción por menores costos efectivos o por razones de sostenibilidad del Fondo.
Para determinar esos montos, la Comisión Técnica deberá analizar los costos razonables y efectivos de entregar el servicio en cada territorio, considerando infraestructura, personal educativo y técnico, alimentación, materiales pedagógicos, administración y mantenimiento, entre otros factores.
Hacienda reforzó, además, las exigencias de calidad. Los establecimientos que formen parte del Sistema Público de Registro deberán quedar sujetos al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. El Fondo, a su vez, financiará como regla general salas cuna que cuenten con autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Estado.
Otro de los cambios apunta a transparentar la oferta disponible. El Sistema Público de Registro deberá informar capacidad, matrícula, vacantes, ubicación, horarios, situación de autorización y, tras el paso por Hacienda, también las tarifas de matrícula y mensualidades cobradas por los establecimientos que no reciben aportes regulares del Estado.
Además, los estudios que elaboren anualmente la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos sobre la sustentabilidad del sistema deberán publicarse en un formato claro, reforzando el seguimiento de un fondo que estará estrechamente vinculado al Seguro de Cesantía.
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Carolina León
