En el marco de un nuevo ciclo de conversaciones de Entre Códigos, denominado “Regulación ambiental e inversión: los desafíos de los cambios legales en discusión”, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, adelantó los lineamientos que están pensando para las próximas legislaciones. Mientras, los privados reconocieron los aciertos y las dudas que se debieran resolver.
La gerenta legal de Anglo American Chile, Paola Cifuentes, destacó la ley de reconstrucción y planteó su preocupación por la coordinación que deberán tener las distintas regulaciones.
El diagnóstico
A la hora de identificar los principales cuellos de botella ambientales para el desarrollo de proyectos, la gerenta legal de Anglo American Chile, Paola Cifuentes, recalcó que para la minería es clave contar con certeza respecto de los plazos de los procedimientos y con estabilidad una vez obtenidos los permisos.
La abogada reconoció que algo que le duele mucho y cuesta mucho explicar a la gente de afuera, particularmente a sus inversionistas, es el hecho de que, tras pasar por un proceso riguroso a través de la revisión de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y haber obtenido la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), años después esta se ponga en riesgo. Recordó que eso es algo que vivieron como grupo cuando el Segundo Tribunal Ambiental revocó la RCA otorgada en 2021 y retrotrajo parcialmente el proceso de evaluación ambiental de un proyecto de US$ 3.200 millones de Collahuasi, donde Anglo tiene un 44% de participación.
También apuntó a los tiempos de evaluación y al cuello de botella que se produce una vez obtenida la RCA, cuando comienza la tramitación de los permisos sectoriales y se deben reunir decenas de autorizaciones de distintas entidades. “Muchas veces las autoridades aplican criterios distintos y, además, los permisos son consecuenciales. Eso genera problemas y alarga los tiempos”, dijo.
Asimismo, Cifuentes mencionó la importancia que la ley de reconstrucción ha tenido para ellos, destacando -por ejemplo- que el Estatuto de la Invariabilidad Tributaria “para nosotros es sumamente importante”.
El experto y socio de GTR Abogados, Rodrigo Guzmán, coincidió en que, cuando la causa llega al Tribunal Ambiental, esta permanece “fácilmente más de un año hasta el momento en que esa sentencia, que además se pone en duda su carácter de definitiva en la Corte Suprema, sea resuelta”. Incluso, indicó que hay situaciones en las que el regulador, el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, busca o persigue proteger humedales y no siempre con la debida fundamentación. “Lo propio con la declaración de sitios prioritarios de conservación. Lo mismo, sin mayor fundamentación”, acotó.
El socio de GTR Abogados, Rodrigo Guzmán, alertó que los Tribunales Ambientales también tienen un reto en términos de gestión.
“Creo que el problema es que contamos con un sistema que adopta decisiones que no son oportunas, razonables ni apegadas a derecho, y eso trae como consecuencia resoluciones finales que no aseguran la estabilidad ni la seguridad jurídica”, lanzó.
Para la ministra Toledo, el diagnóstico es bastante claro: “Es tiempo, certeza y estabilidad y lo que estamos haciendo es ir a buscar esa certeza y esa estabilidad a través de distintas herramientas”. Por ejemplo, mencionó la reforma al SEIA, que está en el Congreso en su segundo trámite constitucional, y el proyecto de reconstrucción, donde se busca resolver la invalidación impropia.
En cuanto a esta última legislación, destacó la aprobación de la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), donde se reconoce que la entidad es la responsable de la evaluación ambiental, no solo de administrarla.
Para Toledo, con esto se abre una nueva etapa y se debe ver -dijo- cómo funcionará. Según explicó, el SEA se va a empoderar ahora y “eso esperamos que implique un reordenamiento en la dinámica del SEA con los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (Oaeca), en las coordinaciones que se puedan dar, y esperamos que eso nos permita ir a buscar ese 30% de reducción de plazos”.
La ministra también reconoció otras señales que confirman ese diagnóstico. Explicó que, hasta ahora, se han declarado 148 humedales y que casi un 30% de ellos se judicializó debido a problemas en la definición de los polígonos. “Es una cifra altísima”, reconoció. Para esto, detalló que están actualizando la guía para asegurar y dar esas orientaciones y, así, poder ir cerrando esos espacios. Además, están siendo más exigentes en la revisión de los expedientes de postulación.
De cara a la reforma a los Tribunales Ambientales, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, adelantó que han evaluado extender el período de los ministros, pero sin renovación.
Otro ejemplo que instaló es que no hubo una concordancia de cómo la ley de plástico conversaba con la ley REP: “Para cumplir una tienes que incumplir la otra y eso ha implicado que la ley de plástico de un solo uso ha tenido que tener tres modificaciones legales en tres años. Eso es impensado. O sea, eso es un error de diseño jurídico legislativo terrible”.
Reforma al SEIA
Siguiendo con la reforma al SEIA, la autoridad dijo que le restan unas cuantas sesiones para culminar su trámite. Toledo reafirmó que, si bien la administración anterior tenía la propuesta de eliminar el Comité de Ministros, el actual gobierno optó por reponerlo. Eso sí, estableciendo por ley mayores reglas. Por ejemplo, que sesione al menos diez veces al año para asegurar que lo haga continuamente.
Añadió que están proponiendo tener Comisiones de Evaluación Ambiental (Coevas) un poco más simplificadas y eliminar un par de ministerios que participan en esta instancia.
“Es parte del deber, no solo mío, de los ministros que integran el Comité”, dijo respecto de sesionar.
Eso sí, Guzmán advirtió que, si el Comité de Ministros resuelve con mayor rapidez, también podría acelerarse la llegada de causas a los Tribunales Ambientales cuando esas decisiones sean impugnadas. A su juicio, eso plantea un desafío adicional para la justicia ambiental.
El abogado planteó que “los tribunales tienen un reto en términos de gestión y muy fuerte. No puede ser que haya causas que estén durmiendo más de un año sin acuerdo”. De ahí que, si bien hay asuntos por resolver en cuanto al sistema de nombramiento, “también hay harto que hacer”.
Cifuentes manifestó su preocupación porque la reforma al SEIA modifica artículos de la Ley 19.300 que también fueron abordados por la ley de reconstrucción. “Eso va a ser difícil porque, cuando esté todo implementado, vamos a tener que evaluar distintos proyectos que estarán en diferentes etapas”, sostuvo.
La titular del Medio Ambiente replicó: “Quédense tranquilos que estamos viendo que esto calce bien, que no haya inconsistencia”.
Lo que viene: SMA y Tribunales Ambientales
Dentro del panel también se advirtieron retos en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). “Ya se nombró el nuevo superintendente. Es un desafío tremendo porque hay muchos expedientes retrasados (...) Nos vamos a meter mucho en eso”, respondió la ministra.
A su vez, reafirmó la intención de presentar de aquí a fin de año una reforma a los Tribunales Ambientales. Al respecto, adelantó que buscarán simplificar el mecanismo de nombramiento. También -dijo- han evaluado extender el período de los ministros en el tribunal. Hoy duran seis años con renovación y lo que se busca ahora es que sea un período más largo, pero sin renovación. Asimismo, quieren ver cómo conciliar cuando existen distintas interpretaciones entre tribunales en ciertas materias.
“La línea va en fortalecer esta justicia especializada, reconocer el aprendizaje que tenemos en estos diez años y también hacernos cargo de estos cuellos de botella”, dijo.
Toledo fue enfática: “A mí me gustaría tener un SEA que de alguna forma vuelva a recuperar ese respeto. El SEA ha recibido muchos golpes el último año y queremos volver a posicionarlo como un organismo técnico, experto, pero, por sobre todo, efectivo”.
Sobre lo que viene, aseguró que “ahora nos vamos a poner a trabajar harto con la SMA, porque cuando hablamos de institucionalidad ambiental es importante que funcione y que entregue buenas respuestas a tiempo en todos los ámbitos”, recalcó.
Finalmente, la representante del gobierno concluyó que, dentro del ecosistema, también tienen la mirada puesta en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).