Finalmente, este martes, el gobierno ingresó al Congreso, por el Senado y con suma urgencia, el proyecto que modifica la Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que posterga por año su implementación.
La norma que el Ejecutivo presenta al Parlamento, de un artículo único y dos transitorios, y de la que se tendría que dar cuenta en la sesión del Senado de esta misma jornada, posterga hasta el 01 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la ley y aumenta de tres a cinco los consejeros del Consejo Directivo de la Agencia y establece que este se renovará parcialmente cada dos años.
La iniciativa establece, además, que la primera designación de los consejeros del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales deberá efectuarse, a más tardar, doce meses antes de la entrada en vigencia de la ley, es decir, el 01 de diciembre de este año.
Por otro lado, desde su nombramiento, los consejeros recibirán mensualmente la remuneración que les corresponda y durante ese período se les exigirá dedicación exclusiva y las incompatibilidades, con el objeto de evitar los conflictos de interés.
Una institucionalidad preparada para que entre en vigencia
Uno de los artículos transitorios establece que “si a la fecha de publicación de la presente ley faltan menos de 12 meses para la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719, fijada en el numeral 2 del artículo único de la presente ley, la primera designación de los consejeros del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales, deberá efectuarse dentro de los 10 días siguientes a la referida publicación”.
El otro artículo transitorio establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta norma, durante su primer año de vigencia, se financiará con los recursos que se contemplen en el presupuesto del Ministerio de Economía; y, de ser necesario, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público del año presupuestario correspondiente.
Desde el Ministerio de Economía, el biministro Daniel Mas, destacó que la propuesta del Ejecutivo “busca resguardar el objetivo de la nueva legislación y, al mismo tiempo, asegurar que pueda aplicarse de manera efectiva”, además, destaca la relevancia de esta reforma para el país, y que “nuestra responsabilidad es que entre en vigencia con una institucionalidad preparada, reglas claras y condiciones que permitan su adecuado cumplimiento”.