“Hemos bajado dos calificaciones de Venezuela a D (default) y bajamos la calificación de la deuda soberana en moneda extranjera a largo plazo a SD (default parcial)”, comunicó la agencia calificadora Standard & Poor’s la noche del lunes, horas después del término de la primera reunión entre el gobierno de Nicolás Maduro y los tenedores de bonos para negociar la reestructuración de US$ 60 mil millones de deuda.
Se trata de bonos de 2019 y 2024, con pagos por US$ 200 millones cuyo período de gracia venció el lunes. La bolsa de Luxemburgo informó que detuvo las operaciones con papeles en default, agregando que el corretaje se renovará hoy.
Ayer se sumó Fitch, que rebajó la nota de la deuda de la estatal petrolera Pdvsa de C a RD, la categoría de incumplimiento restringido, en relación a bonos vencidos a fines de octubre y principios de noviembre por un total de US$ 2 mil millones, “debido a retrasos en el procesamiento que provocaron que los acreedores recibieran los pagos del capital hasta una semana después de la fecha de vencimiento”.
Tras varias horas sin reacción oficial, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró que el país canceló ayer los intereses vencidos.
Negociaciones en curso
El gobierno se ha mostrado seguro de lograr reestructurar la deuda del país. “Hemos iniciado de manera clara, franca y correcta el refinanciamiento”, manifestó Rodríguez, agregando que la mayoría de los tenedores de bonos asistieron a la reunión con el gobierno el lunes.
Los inversionistas presentes en el encuentro anteriormente acusaron al gobierno de no entregar detalles sobre el proceso. “La falta de propuestas específicas sugiere que el gobierno no tiene estrategia o que tiene otros objetivos en mente, como tratar de recomprar parcialmente la deuda o sentar las bases para un default selectivo en su deuda soberana”, analizaron expertos de Eurasia.
Según dijeron ayer fuentes cercanas al asunto a IFR, el servicio de información financiera de Thomson Reuters, el gobierno contrató a un abogado experto en reestructuraciones para asesorar al país. Se trata de David Syed, que está trabajando con la firma de abogados Dentons.
Para S&P, “es muy probable que se considere cualquier reestructuración de deuda de Venezuela como un intercambio de deuda en dificultades y equivalente al default, teniendo en cuenta las altas restricciones de liquidez”, mientras que las sanciones de EEUU “probablemente resulten en una larga y difícil negociación”.
La calificadora también dijo que ve un 50% de probabilidad de que el país entre en un default nuevamente en los próximos tres meses, ya que enfrenta otros cuatro pagos pendientes por US$ 420 millones.
Ayer, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, su sigla en inglés), que reúne a quince empresas financieras tenedoras de bonos venezolanos, postergó por tercera vez –hasta mañana- la decisión de si declarar como un evento de no pago el atraso en cancelar US$ 1.161 millones en papeles vencidos la semana pasada.
Pero no todo son malas noticias. Venezuela recibió el apoyo de Rusia, país con el que firmará hoy un acuerdo de reestructuración de US$ 3 mil millones, un tercio de la deuda total con el país.
La semana pasada, el ministro de Finanzas ruso Anton Siluanov anunció que el pago se realizará en dos etapas, la primera con “un pequeño monto” en “condiciones bastante favorables”, para que “transfiera la mayor parte” en una segunda etapa, sin especificar fechas.
Con miras a la oposición
Cualquier acuerdo de reestructuración de la deuda venezolana requerirá de una nueva emisión de bonos, una acción restringida ahora por las sanciones estadounidenses que prohíben a las empresas y ciudadanos del país comprar nuevos papeles venezolanos.
En este sentido, las negociaciones con la oposición -agendadas a partir de hoy en República Dominicana, pero suspendidas ayer por la Mesa de la Unidad Democrática- toman otro sentido: la autorización por parte del parlamento opositor podría legitimar la emisión a los ojos de la comunidad internacional.
La semana pasada, el Tesoro estadounidense anunció que “consideraría” permitir a los bancos del país negociar la deuda “si la Asamblea Nacional democráticamente electa aprueba la nueva emisión”.
Ayer, fue la Asamblea Nacional Constituyente –no reconocida por gobiernos extranjeros- la que aprobó un acuerdo que respalda el refinanciamiento.
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