Avances, pendientes y próximos pasos. Estos fueron los ejes del nuevo encuentro del ciclo de conversaciones de Entre Códigos, que tuvo como protagonista la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS). La iniciativa, que busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales mediante la simplificación y modernización de los procesos administrativos, cumplió el 29 de septiembre un año desde su publicación en el Diario Oficial.
Aunque se valoró la preocupación por agilizar la tramitación de proyectos para impulsar la inversión, todavía no es posible palpar del todo los frutos de la nueva iniciativa y habrá que seguir esperando, ya que aún resta un trecho relevante en su implementación.
Para el gerente de estudios del Consejo Minero, José Tomás Morel, hasta ahora más bien “tenemos información anecdótica, circunstancial”.
Mientras, el socio de VGC Abogados, Winston Alburquenque, reconoció que esta es una ley compleja, por lo que “implementar este monstruo, en el buen sentido de la palabra, va a costar y está costando”. De hecho, el abogado cree que los cambios que se exigen se verán “en un buen rato más”.
Tras una exposición que abrió el encuentro, el jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) del Ministerio de Economía, Pablo Eguiguren, aseguró que esta ley es una “hoja de ruta” y coincidió en que sigue siendo realista pensar en reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales.
Ejemplificó que, en el caso de la megalínea Kimal-Lo Aguirre, se espera que las Técnicas Habilitantes Alternativas (THA) para el permiso de modificación de cauce entren en vigencia -en el mejor de los casos- a fines de este año o comienzos del próximo.
Entre otros documentos relevantes, Morel indicó que, dentro de los instrumentos institucionales, el decreto de clasificación de permisos es clave, porque establece los plazos y la aplicación del silencio administrativo. Este está en Contraloría y -dijo- “ojalá salga lo antes posible”. También sinceró que quedaron con un poco de “gusto a poco” respecto del instrumento referido a modernización continua, porque era “como que tenía pocos dientes”.
Además, destacó otros dos que están en elaboración y que también son importantes: el de inversiones estratégicas, que reduce a la mitad los tiempos de tramitación de los proyectos que califiquen como una inversión estratégica; y el DFL de adecuaciones a procedimientos, que permite al Ejecutivo introducir modificaciones legales.
Lo que viene
Eguiguren puntualizó que hoy están “tramitando/elaborando/trabajando cerca de 40 reglamentos, DFL, resoluciones, etcétera. Y en política es muy importante el foco y priorizar”. Sobre los próximos pasos, indicó que las normas de procedimiento que establece la ley, entre ellas las relacionadas con el silencio administrativo y los plazos máximos, “esos esperamos que entren en vigencia en el segundo semestre del próximo año, más o menos, luego de que se tome razón el decreto de clasificaciones que está hoy en día en Contraloría”.
En esa línea, detalló que considera razonable pensar que el decreto clasificatorio podría ser tomado de razón antes de fin de año.
¿Hasta qué punto se puede acortar la tramitación justamente con gestión y cambios reglamentarios sin modificar la ley? Alburquenque dijo que “la ley da muchas herramientas y si la cosa funciona, los trámites deberían más o menos durar lo que se proyecta por los creadores de la ley”. Sin embargo, advirtió que “hay elementos que están un poquito en el aire todavía -no sé si será materia de una LMAS 2.0- que es el tema recursivo”.
Eguiguren aseguró que “todas las leyes van mejorando a la luz también de la evidencia que uno va aprendiendo en el diálogo con los funcionarios públicos. Entonces, tranquilamente pudiéramos considerar modificaciones o mejoras a la LMAS, así como también a otros cuerpos normativos”, aludiendo al Código de Aguas, Código Sanitario u otros.
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Karen Peña
