Dicho y hecho. Tras las advertencias de diversos alcaldes y autoridades municipales, el pasado lunes un grupo de más de 30 diputados recurrió al Tribunal Constitucional (TC) con un requerimiento para que declare inconstitucionales una serie de modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
En concreto, la presentación apunta a cuatro bloques normativos del decreto: densidad habitacional, estacionamientos, conjuntos armónicos y disposiciones transitorias que permiten modificar permisos de edificación anteriores.
¿El argumento? Los parlamentarios acusan que el Ejecutivo excedió sus facultades al introducir cambios que, en la práctica, alteran las condiciones de construcción establecidas por los planes reguladores comunales, pasando por encima de las atribuciones de los municipios.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la densidad habitacional, cuya nueva normativa reduce de cuatro a 2,8 el número de habitantes considerado por vivienda para calcular cuántas unidades pueden construirse en un terreno, e incorpora un coeficiente especial de 1,4 para proyectos cercanos a estaciones de transporte masivo o ubicados en determinadas vías.
2,8 habitantes por vivienda es el nuevo coeficiente que modificó el gobierno
Para los diputados, esto modifica indirectamente los límites establecidos por los municipios, sin cambiar formalmente sus planes reguladores.
Los reparos también alcanzan a la reducción de estacionamientos, ya que el decreto permite rebajar hasta la mitad las exigencias para determinados proyectos, incluso cuando el plan regulador comunal lo prohíba. A juicio de los parlamentarios, esto elimina una facultad municipal relevante, considerando que la dotación de estacionamientos responde a las condiciones de tránsito y capacidad vial de cada comuna.
En materia de conjuntos armónicos, la presentación cuestiona que se amplíen los incentivos de constructibilidad y altura, que pueden alcanzar incrementos de 75% y 50%, respectivamente, mientras se restringe la capacidad de los municipios para moderarlos, facultad que ahora quedaría limitada a zonas de conservación histórica.
A ello se suman las disposiciones transitorias, que permiten a proyectos previamente autorizados acogerse a las nuevas reglas y aumentar hasta 20% su superficie edificada, lo que, según los diputados, abriría la puerta a ampliar permisos ya otorgados sin una habilitación legal suficiente.
Así, los parlamentarios sostienen que el conflicto no radica en la conveniencia de aumentar la oferta habitacional, sino en que estas decisiones debieron adoptarse mediante los mecanismos legales de planificación territorial y no a través de un decreto.
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