La integridad de los gobiernos corporativos en Chile volvió a mostrar señales de debilitamiento, lo que abrió una interrogante sobre cómo fortalecer las prácticas empresariales: ¿más regulación o mayores esfuerzos de las propias compañías?
Ese fue uno de los principales debates que dejó la tercera edición del Índice de Integridad en Gobiernos Corporativos, elaborado por Fundación Generación Empresarial (FGE) y el Centro Futuros Empresariales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).
El estudio, que consideró a 131 organizaciones, registró un promedio de 53,1 puntos (sobre un máximo de 100), siete menos que 2025 y lejos de los 65,9 de la primera medición de 2024. Así, en dos años, el indicador acumuló una caída cercana a 13 puntos.
El diagnóstico fue aún más complejo al observar la distribución de los resultados: 84 organizaciones, equivalentes al 64% de la muestra, se ubicaron en el tramo de desempeño bajo, mientras que apenas 15 (11%) alcanzaron el nivel alto.
53,1 puntos obtuvo el índice.
La tarea
Pese a estas cifras, los participantes no ven necesariamente una mayor intervención regulatoria como la principal respuesta para revertir las brechas.
Por el contrario, el 38% se inclinó por fortalecer la autorregulación y los códigos voluntarios, frente a un 14% que favoreció mayores exigencias formales de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Además, un 23% priorizó revisar la normativa vigente para reducir cargas sin incorporar nuevas regulaciones, y otro 19% apuntó a mejorar la certeza jurídica.
Para la presidenta de la FGE, Janet Awad, la preferencia por la autorregulación puede interpretarse como una señal de que las organizaciones “reconocen que fortalecer sus gobiernos corporativos requiere algo más que incorporar nuevas obligaciones legales. Pero esa preferencia, por sí sola, no garantiza mejores resultados”.
Sin embargo, dijo, la autorregulación tiene valor cuando se traduce “en compromisos concretos, responsabilidades claras y mecanismos efectivos de supervisión y evaluación. Si se limita a declaraciones de principios o políticas que no se revisan, difícilmente contribuirá a cerrar las brechas que muestra el Índice”.
Las empresas han enfrentado nuevas obligaciones en materias de cumplimiento, transparencia y composición de sus directorios. De hecho, al evaluar las normas recientes, la Ley de Delitos Económicos obtuvo la valoración más favorable: un 54,8% consideró que contribuyó mucho o totalmente a fortalecer los gobiernos corporativos. En contraste, la Ley Más Mujeres en Directorios alcanzó apenas un 11,1%.
131 organizaciones participaron en la medición.
Brechas que persisten
Otra de las conclusiones del estudio fue que el retroceso no respondió exclusivamente a cambios en la composición de la muestra. Si bien la incorporación de más empresas cerradas -que registraron puntajes inferiores a las abiertas- incidió en el promedio general, las organizaciones evaluadas de manera continua también mostraron deterioros.
Entre las 23 entidades presentes en las tres ediciones, el puntaje descendió desde 70 puntos en 2024 a 62,3 en 2026. La evolución dio cuenta de dificultades para sostener en el tiempo las prácticas de integridad previamente implementadas.
Mientras las sociedades abiertas promediaron 63,9 puntos, las cerradas alcanzaron 48,2. Por tamaño, las grandes empresas obtuvieron 54,7 puntos, frente a 45,8 de las medianas y pequeñas.
“Las empresas abiertas están sujetas a mayores exigencias regulatorias de información, transparencia y supervisión, lo que puede favorecer la institucionalización de buenas prácticas. Sin embargo, no podemos atribuir toda la brecha a la regulación. También influyen las capacidades organizacionales, la profesionalización de los directorios y las decisiones que toman las propias empresas respecto de sus estándares de gobierno”, explicó la directora del Centro Futuros Empresariales de la Escuela de Negocios de la UAI, Magdalena Aninat.
“Entre las empresas cerradas encontramos resultados que varían mucho, desde 14 hasta 85 puntos. Esto muestra distintas realidades y también que es posible alcanzar estándares elevados incluso sin estar sujeto a las mismas exigencias de una sociedad abierta”, agregó.
Pero las mayores debilidades aparecieron al examinar qué hicieron los gobiernos corporativos para supervisar y evaluar sus decisiones.
La dimensión de entorno, evaluación y seguimiento fue la más rezagada, con 12,6 puntos sobre 33,3 posibles, por debajo de los 21,4 registrados en principios de mercado y los 19,1 de funcionamiento y estructura del gobierno corporativo.
Para Aninat, esto revela que aún existe un espacio importante “para fortalecer el rol del directorio en la vinculación con su entorno y en los mecanismos de evaluación y seguimiento. Por ejemplo, el estudio muestra que las relaciones más desarrolladas se enfocan en los colaboradores y los clientes, pero que con proveedores y comunidades aún las relaciones son más informativas”.
Para Awad, los resultados exponen que “no se trata de contraponer regulación y autorregulación, sino de entenderlas como herramientas complementarias. La verdadera prueba de la autorregulación es que produzca cambios verificables en la forma en que las organizaciones toman decisiones y gestionan sus riesgos”.
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