La discusión por el proyecto de Sala Cuna Universal entró en una etapa decisiva. Tras postergarse para el martes 20 de octubre su votación en general, el gobierno intensificó las conversaciones con distintos sectores para buscar una fórmula que permita destrabarlo.
En medio de esas gestiones, una propuesta comenzó a ganar terreno: la planteada por la Fundación ChileMujeres, que ha sumado respaldos y despertado el interés del Ejecutivo.
Aunque La Moneda aún no ha decidido si las incorporará, abrió la puerta a evaluar su viabilidad, especialmente en materia de financiamiento.
Según fuentes que conocen las conversaciones, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, solicitó a la Superintendencia de Pensiones actualizar el informe actuarial para medir el impacto de la fórmula sobre las cuentas individuales y el Fondo de Cesantía Solidario.
Las mismas fuentes, además, subrayan que se trata de una opción bajo análisis, no de una decisión del Ejecutivo.
ChileMujeres sugiere reducir de 0,35% a 0,3% la cotización destinada al financiamiento del sistema, y propone compensar íntegramente ese aporte mediante una redistribución de las cotizaciones al Seguro de Cesantía: 0,1 punto porcentual desde las cuentas individuales y 0,2 puntos desde el Fondo de Cesantía Solidario.
La propuesta de ChileMujeres plantea reducir de 0,35% a 0,3% la cotización destinada al financiamiento del sistema, sin generar un costo adicional para los empleadores.
Para ello, sugiere compensar íntegramente ese aporte mediante una redistribución de las cotizaciones al Seguro de Cesantía: 0,1 punto porcentual desde las cuentas individuales; y 0,2 puntos desde el Fondo de Cesantía Solidario.
La fórmula difiere de la indicación sustitutiva presentada por el gobierno, que considera una compensación de 0,2 punto desde las cuentas individuales y 0,15 punto desde el fondo solidario. Además, ChileMujeres plantea establecer un compromiso explícito del Fisco para resguardar la sostenibilidad de este último.
La presidenta ejecutiva de la organización, Francisca Jünemann, señaló que el planteamiento “ha tenido una muy buena recepción transversal”, en la medida que considera una menor compensación de la cotización por sala cuna al fondo individual del seguro de cesantía -que es de propiedad de los trabajadores- y una mayor al fondo solidario -que no es de los trabajadores, al que solo cotiza el empleador y al cual el Fisco puede aportar de ser necesario.
“La propuesta abrió una puerta para alcanzar, en esta dirección, un acuerdo en este proyecto de ley que es de todo el país por las mujeres”, dijo.
El camino, sin embargo, no está despejado. Fuentes al tanto de las tratativas señalan que el Frente Amplio mantiene reparos frente a una compensación total con cargo al Seguro de Cesantía, una diferencia que podría dificultar un acuerdo transversal.
Pese a ello, el Ejecutivo continúa conversando con parlamentarios de diferentes colores políticos antes de la votación.
Los otros cambios sobre la mesa
El financiamiento no es el único asunto en revisión. La cartera liderada por Rau también prepara indicaciones para recoger inquietudes que emergieron durante la discusión legislativa.
Uno de los ajustes más avanzados apunta a las trabajadoras de casa particular. El actual proyecto contempla que accedan al beneficio desde el segundo año de vigencia, pero, a solicitud de la diputada Tamara Ramírez (Partido de la Gente), el gobierno haría un ajuste para adelantar su ingreso al primer año.
Otra dimensión es la oferta pública. ChileMujeres propuso restablecer las transferencias del fondo de sala cuna a Junji, Integra y los establecimientos VTF (Vía Transferencia de Fondos), para financiar jornadas extendidas y funcionamiento continuo durante el año.
Por ahora, el Ejecutivo evalúa una fórmula más acotada para cerrar la brecha de financiamiento de los establecimientos VTF respecto del valor por niño que se fije para el sistema. Según fuentes conocedoras de las conversaciones, si ese valor fuera de UTM 7 y un establecimiento recibiera UTM 5, el fondo podría cubrir las UTM 2 de diferencia. El mecanismo aún no está definido y tampoco su extensión a otros establecimientos públicos.
También se explora una salida para la titularidad del derecho. El gobierno insiste en que debe radicarse en el trabajador/a, pero estudia una redacción que explicite el derecho de los niños y niñas al cuidado y la educación.
Con ello, recogería parcialmente el planteamiento de ChileMujeres, que propone devolver la titularidad a madres y padres y reforzar la referencia al cuidado y educación de los menores de dos años.
La fundación también plantea limitar el copago al 10% de la transferencia del fondo a las salas cuna, evaluar los primeros años de la ley y suspender aportes ante inasistencias injustificadas y prolongadas. Sobre estas áreas no hay una definición conocida del Ejecutivo.
Así, la postergación de la votación abrió un nuevo espacio para negociar. La incógnita es si los ajustes en estudio permitirán acercar posiciones y dar un nuevo impulso a la tramitación.