En mayo de este año, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) llegó hasta Estados Unidos y Canadá para participar en una nueva edición del Chile Day, con un objetivo claro: atraer inversionistas internacionales. En una presentación de 14 páginas, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, expuso las características del modelo chileno de concesiones y cerró su intervención difundiendo la cartera de proyectos que el Gobierno esperaba impulsar durante 2026.
El portafolio contemplaba 12 iniciativas por una inversión total de US$ 4.853 millones. Sin embargo, a cinco meses de esa presentación, el panorama ha cambiado.
De los 12 proyectos promovidos por la cartera -que en ese entonces encabezaba Martín Arrau y que posteriormente asumió Louis de Grange-, en siete se postergaron los llamados a licitación para 2027 o hasta nuevo aviso, otros tres registran retrasos respecto de sus cronogramas originales y solo dos mantienen sus plazos (ver tabla).
En términos de inversión, las siete iniciativas cuyos llamados a licitación ya no se concretarían durante este ejercicio representan US$ 1.578 millones.
Así, los únicos proyectos que mantienen sus cronogramas originales son la Segunda Concesión de la Ruta 57, Santiago-Colina-Los Andes, y el nuevo recinto penitenciario de Calama.
Consultado por los retrasos, el MOP explicó que la cartera de concesiones está integrada por proyectos de alta complejidad, cuya tramitación requiere la intervención y coordinación de distintos organismos del Estado.
En ese contexto, la cartera descartó que los retrasos respondan a un único factor y sostuvo que las modificaciones al cronograma buscan asegurar mejores condiciones para el desarrollo de los procesos.
Frente a este escenario, el MOP detalló que está trabajando en cuatro líneas de acción para mejorar la ejecución de su cartera.
La primera apunta a establecer un seguimiento más estricto de los proyectos. A ello se suma la estandarización y simplificación de las bases de licitación.
Las otras dos medidas consideran una coordinación anticipada con los organismos sectoriales involucrados en la tramitación de las iniciativas y un diálogo permanente con la industria.
Los US$ 10 mil millones
Los cambios en el calendario de licitaciones no constituyen el único desafío. A la postergación se suma una preocupación que la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública de Chile (Copsa) viene planteando desde hace meses: la existencia de una importante cartera de obras que, pese a encontrarse adjudicadas, todavía no logra avanzar.
Según un catastro elaborado por el gremio, actualmente existen 22 proyectos adjudicados, que representan inversiones cercanas a US$ 10.000 millones, con “escaso avance en su construcción”.
El listado incluye iniciativas hospitalarias, proyectos viales y aeroportuarios. Algunas de ellas fueron adjudicadas incluso en 2020 y, pese al tiempo transcurrido, todavía registran un avance físico de 0%.
La situación también comenzó a generar inquietud en el Congreso. Hace algunas semanas, los diputados Constanza Hube y Jaime Coloma (ambos UDI) enviaron una misiva al ministro De Grange solicitando antecedentes sobre las razones que mantienen paralizados o con bajo avance estos proyectos.
La industria
La presidenta de Copsa, Gloria Hutt, observa el escenario “con mucha preocupación”, especialmente por la situación de las iniciativas que ya cuentan con decreto de adjudicación, pero que aún no inician su etapa de construcción.
La exministra de Transportes explicó que el gremio lleva cerca de un año promoviendo la activación de este conjunto de proyectos, cuya ejecución considera especialmente relevante en un contexto de debilidad del empleo y bajo dinamismo económico.
La dirigente gremial, además, advirtió que cada retraso posterga los beneficios que estas obras deberían entregar al país, tanto en materia de productividad y competitividad como en la calidad de vida de las personas.
Frente a este escenario, Hutt propuso una fórmula para acelerar la ejecución de las iniciativas pendientes: constituir una fuerza de tarea especial, de carácter supraministerial y dependiente directamente de la Presidencia de la República.
En el caso específico de las concesiones, agregó que los inspectores fiscales podrían contribuir mediante un levantamiento de los obstáculos que enfrenta cada contrato y la elaboración de propuestas para resolverlos.
El director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Cruz, señaló que los ajustes de cronograma son habituales en el desarrollo de grandes obras públicas.
A ello sumó que el actual equipo del MOP es “relativamente nuevo” y ha debido asumir sus funciones en un escenario económico complejo.
Sin embargo, Cruz advirtió que estas circunstancias no eximen a la autoridad de entregar explicaciones sobre los retrasos. A su juicio, dada la importancia que tiene la infraestructura para reactivar la inversión y dinamizar la economía, resulta fundamental transparentar los factores que están impidiendo el avance de las iniciativas.
En ese sentido, sostuvo que debe existir una “explicación de por qué no están activadas”, considerando que tanto la industria como el país se mantienen expectantes frente a la ejecución de una cartera de proyectos que podría contribuir a impulsar la actividad económica.
Otras obras públicas postergadas por financiamiento
A las postergaciones de la cartera de concesiones del MOP se suman otras iniciativas de infraestructura que durante 2026 han sufrido retrasos o cambios en su ejecución, en medio de dificultades de financiamiento.
Uno de los casos es el Puerto Exterior de San Antonio, cuya licitación internacional fue dejada sin efecto en julio, ante la necesidad de revisar las condiciones del proceso.
A ello se agrega el tramo ferroviario Lo Errázuriz-Alameda de EFE, cuya licitación fue declarada desierta en septiembre y postergada para 2027, en medio de la controversia por el cobro de derechos municipales, que amenaza con elevar los costos y dificultar su financiamiento.
Un tercer frente corresponde a los corredores de transporte público del Biobío, proyectos destinados a mejorar la conectividad y los tiempos de desplazamiento en el Gran Concepción, que dejarán de ejecutarse mediante concesiones y pasarán al sistema tradicional de obra pública, tras dificultades para viabilizar su financiamiento.
En conjunto, las tres iniciativas representan inversiones por cerca de US$ 2.550 millones.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Laura Guzmán
{{/if}}
