Tras una larga partida y una intensa competencia, en la que participaron importantes actores de la industria y se barajaron distintos escenarios, el 29 de noviembre de 2025 finalmente se cerró uno de los mayores deal del año: la venta de Empresas Banmédica.
Ese día, la gigante estadounidense UnitedHealth Group (UHG) acordó desprenderse de sus operaciones en Chile y Colombia -entre las que se encuentran Isapre Banmédica, Clínica Santa María y Clínica Dávila-, las que pasarían a una sociedad ligada a la brasileña Patria Investments por un monto cercano a los US$ 1.000 millones.
Sin embargo, el apretón de manos era solo el primer paso. Para concretar la transacción, la gestora brasileña, que participa en la operación junto al fondo de private equity Linzor Capital Partners, debía cumplir una serie de condiciones, principalmente obtener las autorizaciones regulatorias tanto en Chile como en Colombia, proceso que se esperaba completar durante la primera parte del presente año.
Patria superó la primera valla el 15 de abril, tras recibir la luz verde de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile. Con ello, quedaban pendientes las autorizaciones de las autoridades colombianas. Sin embargo, según pudo confirmar Diario Financiero, la operación sufrió un frenazo en julio pasado.
Según la normativa colombiana, una transacción de estas características debe pasar por dos organismos. El primero es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), encargada de velar por la libre competencia y de revisar los efectos de la operación sobre los tres prestadores de salud -Country, La Colina y Portoazul- y la aseguradora Colmédica, incluidos en el paquete colombiano.
Fuentes de la industria señalaron que, incluso si el rechazo se mantiene, la operación no quedaría sin efecto, debido al carácter vinculante del contrato firmado entre ambas partes.
El segundo es la Superintendencia Nacional de Salud, que debe pronunciarse sobre el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, entidad encargada del aseguramiento y la gestión de prestaciones de salud de sus afiliados, por su papel como actor en el ámbito de la seguridad social.
Y mientras la primera autorización llegó sin mayores inconvenientes, el organismo regulador de salud recomendó negar la aprobación de la transacción el 28 de julio de este año, mediante una resolución de 42 páginas firmada por su entonces titular Daniel Quintero.
En términos generales, la negativa se fundamentó en que la Superintendencia no logró identificar adecuadamente a los beneficiarios finales de los fondos que participarían en la compra. Esto, debido a que la operación se estructura a través de un vehículo de inversión de capital privado, lo que dificulta conocer con precisión a los aportantes finales de los recursos.
La ofensiva en Bogotá
Según la normativa colombiana, tras una decisión negativa de la Superintendencia, la empresa en cuestión tiene 10 días para presentar un recurso de reposición con el objetivo de revertirla. Y ese fue precisamente el movimiento que realizó Patria.
Este medio pudo confirmar con fuentes del mercado que la gestora brasileña presentó dicho recurso, mediante el cual buscó despejar las dudas planteadas por el regulador colombiano y entregar mayores antecedentes sobre la estructura de los fondos involucrados.
Así, durante las últimas semanas, ambas partes han mantenido conversaciones con el objetivo de destrabar el proceso y alcanzar una resolución favorable que permita seguir adelante con la adquisición. Incluso, trascendió que este tema ha sido central en la agenda de altos ejecutivos del fondo que se encuentran de visita en la capital colombiana en estos días.
Con el recurso ya sobre la mesa, la Superintendencia de Salud -que hoy encabeza María Andrea Godoy- tiene hasta el 19 de noviembre para zanjar el asunto. Sin embargo, las mismas fuentes indicaron que el pronunciamiento podría extenderse hasta fines de año.
Consultado al respecto, el organismo colombiano señaló a DF que “a la fecha, no se ha adoptado una decisión de fondo, por lo que la entidad se encuentra dentro de los plazos legales establecidos para emitir el correspondiente pronunciamiento”.
En tanto, Patria no emitió comentarios.
El futuro de la operación
En medio de este escenario, comenzaron a surgir interrogantes en el mercado respecto de qué ocurriría si el recurso de reposición no prospera.
Distintas fuentes consultadas coincidieron en que un eventual rechazo definitivo del regulador colombiano de salud podría poner en riesgo el contrato completo entre Patria y UHG y, con ello, provocar una eventual caída de la operación. Esto, considerando que el acuerdo anunciado a fines de 2025 contempla los activos de ambos países, por lo que las dificultades regulatorias en Colombia también tienen consecuencias sobre el calendario de cierre en Chile.
Sin embargo, conocedores de la transacción explicaron que “el contrato de compraventa es vinculante para ambas partes”, por lo que -indicaron- un eventual rechazo no implicaría que la operación quede sin efecto. “Si esto no sale de esta manera, tiene que salir de otra. No hay una cláusula de salida para que esta transacción no siga adelante”, explicó una persona al tanto de las negociaciones.
En esa línea, detalló que, si finalmente se confirma el rechazo del regulador colombiano, las partes deberán buscar fórmulas alternativas para concretar la adquisición. Entre las opciones que se barajan figura desprenderse de Aliansalud EPS, cuyos activos representarían, según estimaciones del mercado, solo un 3% del valor total de la operación.
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