“Eso va a retardar la reactivación de la construcción”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, este miércoles en Enada 2026, luego que diputados de oposición, alcaldes y el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, impugnaran ante el tribunal Constitucional (TC) las modificaciones que promueve el Ejecutivo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC).
Los cambios son un pilar fundamental del plan de reactivación económica del ministro Quiroz, y van encaminados en aumentar la densidad en los proyectos de vivienda y permitir la construcción de unidades más pequeñas.
“Los cambios a la OGUC son una señal muy positiva para la reactivación del sector. Al reducir la incidencia del terreno y permitir viviendas más acordes con lo que hoy demandan y pueden pagar las familias, se abre espacio para que proyectos que hasta ahora no eran viables puedan desarrollarse”, dijo el director Ejecutivo de Colliers, Jaime Ugarte.
El ejecutivo agregó: “Nuestra estimación es que estos cambios podrían impulsar cerca de 20.000 viviendas adicionales por año durante los próximos tres años y contribuir a la generación de alrededor de 50.000 empleos en ese periodo. Todo esto se perdería si la actual ofensiva logra avanzar. La ofensiva contra la OGUC pone en riesgo la creación de 50 mil nuevos empleos”.
Desde la consultora destacaron que la aprobación de los cambios a la OGUC ya mostraban signos de reactivación entre los desarrolladores, puesto que -a su juicio- brindaba algo esencial para los inversionistas: certeza, y la posibilidad de poder construir el tipo de viviendas más demandadas actualmente.
“La norma antigua calculaba la densidad suponiendo cuatro personas por vivienda, cuando el Censo muestra que hoy los hogares tienen 2,8. Al corregir ese supuesto, en un mismo terreno caben más viviendas, y el costo del suelo se reparte entre más familias”, dijo Ugarte.
Lo mismo pasa -aseguró- con el conjunto armónico, que con los cambios se podría aplicar en terrenos más pequeños y con mejores incentivos, y con la rebaja de estacionamientos cerca del transporte público.
“Todo eso bajaría el costo de producir cada vivienda, y es la vía más directa para que el precio deje de alejarse de lo que las familias pueden pagar, especialmente en barrios bien ubicados”, explicó Ugarte.
El experto afirmó que los cambios impulsados por el ejecutivo a la OGUC fue una “acción valiente”, a la vez que indispensable. “Por primera vez el Estado reconoce con claridad que parte del alza en el precio de la vivienda viene de su propia regulación, y decide corregirla sabiendo que iba a tener oposición. Contraloría pidió ajustes de forma, pero lo central quedó en pie. Lamentablemente el requerimiento reciente contra las OGUC en el TC pone en juego que se puedan concretar estas medidas y frena la inversión”, aseguró el ejecutivo.
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J. Troncoso Ostornol
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