La histórica caída de la economía chilena en abril, con una contracción superior al 14%, cayó como un balde de agua fría tanto en el gobierno como en el Congreso.
En La Moneda, ya que en el seno del Ejecutivo esperaban una merma en torno al 10%.
De hecho, ese fue el mensaje que transmitió el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al realizar una presentación detallada de la débil situación económica ante parlamentarios y presidentes de partidos oficialistas en el Comité Político ampliado de ayer. La autoridad sinceró la necesidad de apurar el acuerdo político para un plan de emergencia económica para capear el actual contexto y reactivar el país con un horizonte de entre 18 a 20 meses.
Mensaje que fue recogido por el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien en La Moneda aseguró que “el tiempo nos apremia”, por lo que envió un directo mensaje a los parlamentarios de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras que se encuentran negociando con el Ejecutivo: “Las necesidades de los chilenos son ahora, les pido que avancemos con buena voluntad y con un claro sentido de urgencia”.
En el Parlamento el dato también caló hondo: “El plan de emergencia tiene más sentido de urgencia”, coincidieron varios legisladores, quienes hasta el cierre de esta edición esperaban una minuta comprometida por Hacienda con el marco conceptual de las medidas ya implementadas y el espacio para acometer nuevos instrumentos financieros o perfeccionar los ya en marcha.
Ampliar los mecanismos
Hoy cerca de las 19 horas se realizará la segunda reunión entre Briones y los legisladores de ambas comisiones de Hacienda, donde se buscará aterrizar los puntos hasta ahora ya acordados entre las partes.
Algunos de ellos son extender la vigencia y modificar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE, que se entrega hasta julio y cuyos montos son decrecientes el segundo y tercer mes) y modificar la Ley de Protección del Empleo, tanto en su duración -hoy de 10 meses- como en el porcentaje del último sueldo que se entrega a quienes perciben recursos desde el Seguro de Cesantía.
Todo esto, tomando como base la propuesta de los economistas convocados por el Colegio Médico, que implica gastar hasta US$ 12.000 millones en recursos públicos en los próximos 18 meses, a razón de US$ 670 millones por mes. Eso sí, ambas partes aún no logran consensuar la magnitud de la extensión de las vigencias y la homologación de las tasas de reemplazo, temas que se abordarían en la cita hoy.
El presidente de la comisión de Hacienda, Jorge Pizarro (DC), agregó que “requerimos apoyo más potente a las pymes para garantizar empleo, hay que modificar el Fogape. Esto hay que mirarlo a dos años plazo, el gobierno tiene recursos y puede echar mano a los fondos soberanos y al endeudamiento”.
El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), las cifras de empleo y actividad sostuvo que extender el IFE “es algo que todos queremos, que se aumente y no exista criterio decreciente, esto hay que hacerlo rápido, y por eso, lo estamos trabajando con celeridad y esperamos tener claridad de las medidas de emergencia y de mantención de ingresos en los próximos 14 días”.
El senador Juan Antonio Coloma (UDI), planteó que “ya tenemos el ámbito de acción fijado en ejes para enfrentar el apoyo a las personas en la emergencia y empezar a comenzar a generar políticas públicas en la lógica de la reactivación”.
Mientras que el senador José García (RN) recalcó que hay que “trabajar con celeridad y responsabilidad” en el plan de emergencia tras las cifras dadas a conocer ayer.
Ley de Empleo: comienza a regir prohibición de dividendos
Pese a que en un momento se habló de que el Gobierno vetaría el proyecto, finalmente hoy se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.232, la cual contiene una serie de modificaciones a la Ley 21.227, más conocida como Ley de Protección del Empleo.
De esta forma, ya es oficial la prohibición que establece que las firmas que se acojan a los beneficios de la norma no podrán repartir dividendos durante el ejercicio comercial en que la empresa o una de las entidades del grupo tenga contratos de trabajo suspendidos.
Dentro de los cambios que realizaron los parlamentarios, también está el que establece que los directores de las sociedades anónimas abiertas, donde todos o la mayor parte de los empleados o trabajadores se encuentren suspendidos, "no podrán percibir honorario o dieta alguna por el ejercicio de dicho cargo de director, superior a los porcentajes correspondientes al seguro de cesantía, durante el período de la suspensión".
Dado este paso, se espera que prontamente la Dirección del Trabajo publique el dictamen interpretativo de la norma.
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