El gobierno, el oficialismo y la oposición se encuentran por estos días negociando un plan de emergencia que -perfectamente- podría considerarse un adelanto del debate presupuestario 2021, ya que buscan determinar el espacio de gasto fiscal disponible para los próximos 18 a 20 meses con el fin de solventar las ayudas sociales y el plan de reactivación económica una vez superada la situación sanitaria.
Con este telón de fondo, un informe del Observatorio del Gasto Fiscal analiza cuánta incidencia tuvo el Parlamento en la última discusión presupuestaria, realizada entre octubre y noviembre del año pasado y que estuvo cruzada por la crisis social. Como consecuencia de aquello, el erario sufrió importantes modificaciones, lo que implicó que el gasto pasara de crecer 3% a más de 9% en 2020. Las proyecciones actualizadas de Dipres hablan de un 10,4% de avance para este año.
Según el reporte del observatorio, la situación excepcional que vivió el país llevó a que el Congreso tuviera la mayor incidencia sobre el Presupuesto en los últimos siete años, ya que para el erario 2020 se ajustaron el equivalente al 2,8% de los recursos públicos.
Para el análisis, la ONG contempló solo los cambios cuantitativos (en pesos y en número) en la propuesta inicial del Ejecutivo, comparado con la Ley aprobada final, basado en las bases de datos abiertos publicados por la Dipres.
"En las modificaciones que se presentaron no solo hay injerencia del Congreso, sino que también del Ejecutivo, para responder a las demandas sociales que está empujando la ciudadanía", señala el texto elaborado por el investigador Manuel Henríquez y la directora de la ONG Jeannette von Wolfersdorff.
Lo que se ajustó
El análisis concluye que 259 programas presupuestarios experimentaron modificaciones, casi un 75% del total. En montos, aquello asciende a $ 1.637 billones (más de US$ 2.000 millones). Para hacerse una idea, en el erario 2019 el Parlamento logró modificaciones en apenas el 0,24% de los montos por $ 136.000 millones (US$ 170 millones), equivalentes a 39 programas.
Por el lado de los incrementos, la mayor proporción se concentró en las partidas del Tesoro Público (operaciones complementarias), de Trabajo (Instituto de Previsión Social), Salud (Programa de Contingencias Operacionales), Educación, y Transportes.
Durante la tramitación, se acordaron aumentos en las pensiones básicas, tope de endeudamiento del Fisco, se creó el Ingreso Mínimo Garantizado y se rebajó la tarifa en el transporte público para los adultos mayores, entre otras medidas.
Los recortes se concentraron en las partidas de Defensa (Fuerza Aérea, Armada y Ejército), Obras Públicas (Dirección de Vialidad), Interior (Carabineros y PDI) y Justicia (Registro Civil y Gendarmería).
Transparencia
Henríquez recalca que ante la actual situación económica, el Fisco debiera transparentar aun más las reasignaciones que realiza al Presupuesto, considerando que solo para este año se anunciaron ajustes por US$ 2.500 millones.
"Hay otro aspecto clave para mejorar la transparencia de las reasignaciones: la transparencia de los objetivos del gasto. De hecho, varios parlamentarios pueden estar incómodos con las reasignaciones, porque falta una rendición posterior que demuestra el cumplimiento de los objetivos del gasto. De lo contrario, reasignar sin rendir cuentas acerca de lo logrado, es un ejercicio ciego que con razón se critica", señala.
Por su parte, Von Wolfersdorff recalca que la crisis actual no solo acelerará, sino que hará "obligatorio" implementar modernizaciones al sistema presupuestario, tanto para que sea más eficiente, como para que sea más "participativo y transparente".
"Desde la Comisión del Gasto hemos estado activos y con entusiasmo, porque justo consideramos que tanto ahora, como cuando la crisis sanitaria termina, es el momentum para consensuar e implementar reformas sobre nuestro gasto público", fundamenta.
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