El gobierno de Abelardo de la Espriella estaría preparando una derogación del decreto de la administración pasada que obligaba a los fondos de pensiones privados a reducir su exposición a inversiones extranjeras y enfocar los recursos en Colombia. Esta decisión marcaría un giro en el debate sobre el destino de los recursos de los trabajadores y la forma como las AFP los rentabilizan.
El Decreto 0369 de 2026 establece un límite para la inversión que se puede hacer en el exterior, con el objetivo de movilizar el ahorro interno hacia proyectos que sean impulsores de la economía local.
El gobierno de Gustavo Petro se apoyó en un diagnóstico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el cual reveló un supuesto desbalance en la economía. Con el decreto, se busca redirigir los recursos en el exterior hacia sectores como infraestructura y proyectos productivos.
En cuanto a la repatriación de los recursos, el acto administrativo plantea una transición progresiva para que las AFP ajusten sus portafolios. Durante los tres primeros años, las administradoras deben reducir su exposición en el exterior a 35%; al completar cinco años, el límite debe ser de 30%.
Asimismo, el decreto establece que la Superfinanciera Financiera deberá obtener un plan de ajuste con fines informativos para reducir gradualmente la inversión en el exterior.
El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, dijo en su momento que el decreto representaba un límite de inversión en el extranjero y que era una mala noticia para los trabajadores. "La limitación a la diversificación implica menor rentabilidad y menor capacidad de gestionar de manera correcta el riesgo", dijo.