Este miércoles comienza en el Juzgado de Garantía de Castro la audiencia de formalización de cargos contra los líderes de la Comunidad Cahuala, un caso que ha remecido a la Región de Los Lagos. La acción judicial, impulsada por exintegrantes de la comunidad, denuncia la existencia de una secta, e incluye cargos por trata de personas con fines de explotación sexual.
Pero la arista penal se entrelaza además con el ámbito laboral, porque los querellantes acusan además haber trabajado durante 15 años sin remuneración efectiva en una extensa red de empresas que la organización construyó en el archipiélago a lo largo de tres décadas.
Los orígenes del caso se remontan a fines de los años ‘80, cuando un grupo de jóvenes provenientes de Santiago ligados al movimiento Scout llega a la isla. Al poco tiempo de su llegada adquieren un terreno en el sector de Huillinco, comuna de Chonchi, junto al lago del mismo nombre, actualmente uno de los más cotizados de la isla. En ese predio se fundó lo que poco después sería la Comunidad Cahuala, un proyecto de desarrollo espiritual, social y ecológico, que rápidamente cautivó a decenas de personas y que hasta le fecha incluye a profesionales de alto nivel.
La comunidad se expandió con fuerza y a los pocos años dio origen a un colegio del mismo nombre, un exitoso proyecto estudiantil basado en los mismos principios, y considerado uno de los más exclusivos de Castro. Al alero de estos dos pilares, la comunidad desarrolló además diversos activos, incluyendo una sociedad agrícola, una sociedad inmobiliaria y diversos negocios.
La querella sostiene que las empresas servían como plataforma para la explotación laboral de sus integrantes, quienes operaban bajo una estructura de aislamiento familiar, abuso y dependencia psicológica.
Agrícola y comercial
Constituida legalmente en marzo de 2011, la Sociedad Agrícola Cahuala Limitada se formó con un capital inicial de $ 75 millones, el cual incluyó aportes en efectivo. Su escritura detalla que el giro principal es la explotación y arriendo de predios agrícolas y forestales.
Desde su creación, Enrique Urrutia Aburto, identificado por los querellantes como el líder del movimiento y principal imputado en la causa, se posicionó como socio mayoritario con una participación inicial de 16%, superando el 14% de los otros seis fundadores. Entre estos últimos destaca Horacio de la Maza Wielandt, quien quedó a cargo de la administración, y Alfredo Urrutia Bustos, actual denunciante y presunta víctima.
En 2015, la sociedad se reestructuró y Urrutia Aburto elevó su participación a 20%, mientras que Urrutia Bustos y los otros cuatro socios subieron al 16% cada uno. Asociada a este patrimonio natural surge la marca comercial “Productos Cahuala”, que distribuye desde mieles hasta productos de cosmética natural y textiles elaborados con lana de oveja proveniente del criadero desarrollado por la misma sociedad.
Educación y salud
Poco después de la fundación de la comunidad, en marzo de 1990, se constituye el Colegio Cahuala, un establecimiento educacional ubicado en el sector de Llau-Llao, en la ciudad de Castro, y posteriormente, en 1996, se crea formalmente la Sociedad Educacional Cahuala S.A.
Hoy, el colegio cuenta con una matrícula de 460 estudiantes y es sostenido por la Corporación Educacional Cahuala. De acuerdo con los registros, la también imputada en la causa, María Alejandra Pinto Martínez, actúa como representante legal y presidenta del directorio.
En la década siguiente, en el año 2000, se crea Sociedad de Educación Extraescolar Chiloé Ltda., que aunque tiene como actividad principal la enseñanza privada, sus giros registrados son más amplios, e incluyen la venta minorista, servicios de restaurante y servicios móviles de alimentación.
La agrupación también se expandió al negocio de consultoría y asesorías. En 1995 abrió oficinas en Puerto Montt el Centro de Capacitación Cahuala Ltda. que opera comercialmente como Cahuala Consultores, y que posteriormente se expandió a Santiago. La entidad desarrolla servicios para empresas e instituciones en áreas como desarrollo organizacional, gestión de recursos humanos y gestión empresarial y en su página web registra como clientes a reconocidas empresas del país. En esta última institución, Pinto también figura como representante legal.
La red se diversificó además hacia el rubro de la salud y el bienestar. En septiembre de 2012 se constituyó el Centro Terapéutico Cahuala Limitada, enfocado en la prestación de servicios integrales de medicina, psiquiatría y psicología.
De cara a la audiencia
Toda esta estructura se encuentran hoy bajo el escrutinio del Ministerio Público, puesto que la querella sostiene que las empresas servían como plataforma para la explotación laboral de sus integrantes, quienes operaban bajo una estructura de aislamiento familiar, abuso y dependencia psicológica.
A horas de la esperada audiencia, aplazada desde julio por vicios en la notificación judicial, el escenario legal ha sufrido giros inesperados. Consultado por DF Regiones, el abogado Ignacio Zúñiga confirmó que hace dos semanas dejó de representar a la parte querellante, asegurando que no posee información sobre los nuevos patrocinantes. En la vereda opuesta, Juan Cristóbal Grünwaldt, abogado defensor de Urrutia y Pinto, optó por guardar absoluto silencio y declinó hacer comentarios respecto de la estrategia de sus representados.
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