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Publicado: Jueves 10 de marzo de 2016 a las 04:00 hrs.
El Ministerio Público del estado de Sao Paulo denunció ayer al ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva por los crímenes de lavado de dinero (ocultación de patrimonio), tergiversación y robo en relación con el condominio de Solaris Guarujá construido por la empresa OAS, investigada en el marco de la Operación Lava-Jato.
La denuncia alcanza también a su esposa, la ex primera dama Marisa Leticia, y al ex presidente de OAS, Leo Pinheiro. La base jurídica de la denuncia es el delito de estafa que involucra al Banco de la Vivienda Cooperativa de Sao Paulo (Bancoop) y sus antiguos dirigentes como el ex tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, quien presidió la entidad entre 1999 y 2009.
Para los promotores de Justicia que actúan en el caso, el inmueble construido por la OAS pertenece a Lula y su familia y es producto de lavado de dinero.
La denuncia fue entregada al tribunal estatal de primera instancia penal en Sao Paulo y conlleva un pedido de apertura de un proceso criminal que será distribuida por el juez Antonio Paquino Zors, del Departamento de Investigaciones Policiales (Dipo) a uno de los jueces del área penal.
El abogado del exmandatario, Cristiano Zanin Martins, criticó ayer la denuncia presentada.
Según el abogado, el fiscal a cargo del caso, Cassio Conserino, anticipó la condena de Lula a la prensa antes del fin de las medidas de denuncias. “Conserino apenas formalizó el resultado, dejando en claro su falta de impacialidad y la intención deliberada de manchar la imagen de Lula”.
Entre las propuestas coordinadas por la Bancada Startup, está flexibilizar la bolsa junior, extender franquicias tributarias a la inversión en startups, eliminar el impuesto a la venta indirecta para tecnológicas y que Corfo pueda invertir en fondos de capital de riesgo.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció además que para 2027 se contemplan 20 mil cupos para viviendas industrializadas, frente a las 3 mil unidades que actualmente se desarrollan al año.
"La responsabilidad penal podría configurarse “si se acredita que quienes administraban los fondos abusaron de sus facultades o actuaron de manera manifiestamente contraria al interés de los afiliados, causando perjuicios y concurriendo los demás requisitos del delito de administración desleal", advierte la abogada Macarena Iturra.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa