El alcalde de Río Bueno, Luis Reyes Álvarez (UDI), enfrenta un complejo escenario judicial tras el destape de una masiva trama de corrupción. La investigación apunta a un esquema centrado en el direccionamiento de licitaciones, adjudicaciones de contratos y obras municipales, cuyo abultado flujo de dinero provendría de sobornos pagados entre 2017 y 2023.
Peritajes contables revelaron que el jefe comunal recibió $ 174 millones en su cuenta bancaria personal. De este monto, la indagatoria precisó que $ 22 millones fueron depositados directamente por funcionarios de la municipalidad para triangular el dinero, mientras que el resto provendría íntegramente de empresas constructoras y proveedoras que se adjudicaron contratos públicos de manera fraudulenta.
Mecanismo utilizado
Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público detalló una serie de operaciones diseñadas para favorecer a ciertas empresas mediante licitaciones a la medida y condonación de multas. En esta línea, se expuso que el alcalde habría solicitado al menos $ 36.360.000 en beneficios económicos indebidos a los contratistas, a lo que se suman aproximadamente $ 90 millones detectados como depósitos en efectivo para ocultar el origen de los pagos.
Entre los sobornos documentados destacan $ 27.860.000 recibido de un empresario de la construcción y $ 3 millones provenientes de una productora de eventos. Esta última pagó a cambio de adjudicarse la organización de la Semana Río Buenina 2020, un contrato de $ 85 millones.
Para ocultar el origen de estos recursos, la fiscalía sostiene que se utilizaron cuentas de terceras personas que actuaron como testaferros. La investigación del Ministerio Público apunta a un total de siete involucrados, sin embargo, solo seis estuvieron en la audiencia de formalización debido a que uno de los empresarios presentó licencia médica.
Medidas cautelares
A raíz de estos hechos, la fiscal adjunta de Valdivia, María Consuelo Oliva, confirmó este martes las primeras medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Garantía para la mitad de los imputados presentes, quienes además quedaron con prohibición estricta de comunicarse entre sí.
El tribunal decretó arresto domiciliario nocturno parcial y arraigo nacional para una de las involucradas en la red de lavado de activos, y arraigo nacional con firma mensual y quincenal para otros dos intermediarios.
Tras concluir los alegatos de la jornada, el tribunal determinó que la audiencia continuará este miércoles para dictar la resolución definitiva sobre los otros tres formalizados. Entre ellos se encuentra el alcalde Reyes, imputado por cohecho agravado y lavado de activos, para quien el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la parte querellante exigen prisión preventiva para evitar interferencias en la investigación.
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