La Fiscalía de São Paulo acusó hoy formalmente al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de ocultación de patrimonio, lavado de dinero y falsificación de documentos en relación a un departamento que está a nombre de una constructora investigada por el caso de corrupción en Petrobras.
En la denuncia, firmada por tres fiscales, se acusa a Lula y a su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, de ocultar que son dueños de un apartamento de lujo en la playa de Guarujá, en el litoral de São Paulo, y que no figura en sus declaraciones de la renta, según informaron fuentes oficiales.
El apartamento está a nombre de la constructora OAS, una de las investigadas en el caso Petrobras, que adquirió en 2009 el edificio que había sido construido por un sindicato vinculado al Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula y en el que también milita la presidenta, Dilma Rousseff.
La denuncia, que no está relacionada con el interrogatorio al que fue sometido Lula el pasado viernes, supone un paso importante en el proceso contra el ex jefe de Estado pues si el juez de primera instancia decide admitirla a trámite, lo convertiría en reo.
Lula reiteró hoy que no es el propietario del citado inmueble, admitió que su esposa adquirió una participación con vistas a una posible compra en 2005, cuando él estaba en el final del primero de sus dos mandatos, y aseguró que declaró esa operación al fisco.
Fuentes oficiales dijeron a Efe que el gobierno brasileño, al menos por el momento, no tiene previsto pronunciarse sobre la denuncia presentada contra Lula.
"El gobierno no se posiciona en relación a investigaciones que cursan en la Justicia", dijo un portavoz de la Presidencia.
El ex mandatario también es investigado por la policía en relación a otro inmueble, una finca rural en el municipio de Atibaia, también en el estado de São Paulo, que está a nombre de allegados y donde Lula ha reconocido que suele pasar muchos fines de semana.
La Fiscalía de Paraná, que ha centralizado las investigaciones del caso Petrobras, cree que esas propiedades podrían estar relacionadas con el caso de corrupción en la petrolera y habrían sido usadas por las constructoras para disfrazar el pago de coimas.
La defensa de Lula solicitó al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre el posible conflicto de competencias que existe, a su juicio, porque dos cortes diferentes investigan "los mismos hechos".
Los abogados de Lula también consideran que no existen motivos para que el caso se investigue por la Fiscalía de Paraná porque es "absurdo" establecer cualquier relación entre los inmuebles citados y los supuestos desvíos en el ámbito de Petrobras.
La acción del juez Sergio Moro, quien está a cargo del proceso del caso Petrobras, también fue cuestionada hoy por el sindicato de abogados de São Paulo, que presentó una denuncia por supuestas irregularidades cometidas por el magistrado en las diligencias que ordenó contra Lula.
Esa denuncia, presentada ante el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), fue duramente criticada por la Asociación de los Magistrados Brasileños (AMB), que la consideró como una "forma de intimidación a los jueces".
El pasado viernes, el juez Moro ordenó a la policía interrogar a Lula en una comisaría para tratar de aclarar la propiedad de esos dos inmuebles y otras donaciones que recibió el Instituto Lula por parte de empresas implicadas en el caso de Petrobras.
Ese día la Fiscalía de Paraná anunció que cuenta con indicios "bastante significativos" de que Lula recibió beneficios y favores de cinco constructoras implicadas en el caso.
Las constructoras son acusadas de formar un cartel para repartirse los contratos de Petrobras mediante el pago de sobornos a ejecutivos de la petrolera y a los políticos que permitieron las operaciones.
Lula se reunió hoy en Brasilia con un nutrido grupo de senadores y diputados de la base oficialista a los que explicó su situación judicial e instó a mantener la "unidad" ante el posible reinicio del proceso contra Rousseff.
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