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Por: Andrés Pozo B.
Publicado: Viernes 24 de julio de 2020 a las 04:00 hrs.
Después que en septiembre del año pasado la Tercera Sala de la Corte Suprema le ordenara al Primer Tribunal Ambiental volver a revisar el caso de Minera Dominga, entrando al fondo de la calidad ambiental de la iniciativa, el organismo con sede en Antofagasta llegó a un acuerdo.
Así quedó consignado en el expediente de la sala integrada por los ministros Fabrizio Queirolo, Jasna Pavlich y Juan Opazo, estos dos últimos de la Corte de Apelaciones de esa región. Será Opazo el encargado de redactar la sentencia, la que se conocería en no menos de un mes.

La iniciativa minera para extraer hierro en la región de Coquimbo implica inversiones por el orden de US$ 2.500 millones, pero tuvo una fuerte oposición por la instalación de un puerto en La Higuera, dada su cercanía con reservas naturales costeras.
En el fallo de la Corte Suprema se cuestionó que la instancia -integrada por otros ministros- se pronunciara solo sobre aspectos formales de la tramitación proyecto y no los ambientales, que es lo que deberá incorporar en esta oportunidad.
Incluso, en ese fallo, un juez entró al fondo del debate y entregó una señal, al considerar que la línea base marina de la iniciativa sería “insuficiente”, respaldando las afirmaciones de opositores. Incluso hizo ver que Andes Iron debió incorporar efectos sinérgicos que generará el puerto Cruz Grande de CAP, que aunque no está operando, tiene permiso ambiental vigente en la misma zona.
Desde entonces han cambiado algunos elementos. Por ejemplo, el 3 de marzo, durante los alegatos de este nuevo análisis del Tribunal Ambiental, Andes Iron se comprometió a que en la zona sólo se construirá un solo puerto, intentando viabilizar la iniciativa.
Luego el proceso ha estado en estudio, donde incluso se consideró en algún minuto pedir nuevos antecedentes a autoridades sectoriales, lo que finalmente no se concretó.
Ahora la decisión está en manos Pavlich, Queirolo y Opazo. Los tres ministros participaron en una causa relacionada con Pascua-Lama, donde a fines de mayo, después de poco mas de un año de ingresada la demanda por daño ambiental del proyecto Pascua Lama, se visó una conciliación entre Compañía Minera Nevada y el Consejo de Defensa del Estado.
De este modo, la sala aprobó el plan de acciones que deberá ejecutar la empresa minera con el fin de reparar el daño ambiental causado en el sector cordillerano de la comuna de Alto del Carmen, principalmente en lo que respecta a la flora y fauna del lugar, según explicó en su momento el tribunal. “Lo importante de esta conciliación es que se llevó a cabo en base a una propuesta técnica entregada por el tribunal, que posteriormente fue trabajada por las partes. Hemos establecido que esta propuesta cumple suficientemente con los lineamientos propuestos por el tribunal, lo que permitirá que la empresa ejecute un plan que contempla diversas medidas de reparación, principalmente de la vegetación afectada, además del aporte al fondo de protección ambiental”, explicó entonces el ministro en ciencias Fabrizio Queirolo.
Opazo, en tanto, es uno de los nuevos ministros en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde juró en noviembre pasado. Analizó una reclamación por el proyecto de planta desalinizadora Enapac de la Región de Atacama que pretende obtener agua de mar para múltiples usos.
En mayo salió ese fallo, donde en una decisión dividida, la sala -integrada además por los ministros Mauricio Oviedo y Marcelo Hernández-, se rechazó la reclamación de vecinos de Puerto Viejo en contra del Servicio de Evaluación Ambiental por la calificación favorable del proyecto.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
La empresa Globalmix busca revertir un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que validó una suspensión de doce meses del Registro General de Contratistas impuesta por el Ministerio de Obras Públicas.
El organismo aclaró los nuevos porcentajes de cobertura según las remuneraciones de los trabajadores. Las empresas deberán asumir una mayor proporción de los costos de capacitación.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
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