Tres “no” y un “sí”. Esa fue la respuesta que finalmente dio el Tribunal de Defensa a la Libre Competencia (TDLC) a la solicitud ingresada por la la Corporación Nacional de Usuarios y Consumidores (Conadecus) en la que pedía abrir un Expediente de Recomendación Normativa, en otras palabras, recomendar una propuesta al poder Legislativo y al Ejecutivo.
La corporación, cabe recordar, propuso una “Ley de reducción de la concentración económica agregada”, la que traía consigo un paquete de cuatro medidas que tenían como objetivo final limitar el alto nivel de poder de los “grupos empresariales significativos” en el país.
Estas, en simple, recomendaban cuatro cosas: la limitación de estructuras piramidales de las empresas –cosa que no pudieran tener “más de dos capas” en sus mallas societarias–; la imposición de restricciones a la propiedad de empresas financieras y empresas que operan en la economía real; una obligación específica de considerar los niveles de “concentración económica agregada” (CEA) al momento de asignar concesiones o derechos por parte del Estado; y la creación de un registro de grupos empresariales significativos, entidades financieras importantes y empresas de tamaño relevante, para dar más transparencia a las relaciones y vínculos existentes entre los grupos empresariales, las personas naturales involucradas y la identificación de los beneficiarios finales.
¿El resultado final? Solo la última medida tuvo suerte.
Qué pasó con las tres rechazadas
Sobre las tres primeras medidas, la autoridad las calificó de “innecesarias” dada la “robustez” de la institucionalidad chilena de libre competencia y la amplitud de normas que sancionan ilícitos anticompetitivos.
En esta línea, deslizó que estas excedían su campo “incorporando consideraciones de economía política, de defensa de la democracia o de distribución del poder al interior de la sociedad, que corresponden a un debate de carácter propiamente político cuya sede debe ser el Congreso Nacional”.
Asimismo, deslizó que estas medidas podrían tener “efectos significativos” en la organización de la economía chilena.
El boletín propuesto
La cuarta medida fue exitosa. En sus argumentos de respaldo, el TDLC explicó que los antecedentes considerados en el expediente dan cuenta de diversas dificultades que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha tenido en el pasado "para recabar información sobre los vínculos entre los distintos participantes de la economía nacional, lo que supone un impacto relevante en su capacidad fiscalizadora y, por tanto, en la libre competencia, riesgo que puede ser sustantivamente mitigado con la adopción de esta medida”.
Por tanto, en el mismo escrito propuso al presidente José Antonio Kast, a través del Ministerio de Hacienda, la incorporación al boletín “Crea un Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales” –que ya está en actual tramitación en el Congreso Nacional– la obligación de informar las relaciones de propiedad y gestión relevantes que no están actualmente incluidas, “de tal forma que permitan identificar de manera completa a todas las entidades jurídicas y personas naturales vinculadas a un grupo económico, así como los vínculos personales y societarios entre éstos”.
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Catalina Vicuña
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