La empresa tecnológica de servicios de transporte Cabify busca aumentar su cobertura en Chile. Hoy tiene presencia en cuatro ciudades –Santiago, Valparaíso, Concepción e Iquique-, pero quiere llegar a tener una red nacional en dos años. Para lograrlo, la tecnológica española deberá enfrentar un doble desafío este 2020.
El primero es intentar que se reviertan los aspectos “negativos” que -a su juicio- tiene el proyecto de ley que pretende regular al sector. Y el segundo tiene relación con las consecuencias de la crisis social, situación que cambió el comportamiento de los viajes de los usuarios y los obligó a tomar medidas.
Junto con reafirmar sus planes de permanecer en Chile, el country manager, Ignacio Gutiérrez, explicó que en los próximos 24 meses Cabify pretende ampliar su red, lo cual dependerá de lo que suceda durante estos meses. Algunas de las ciudades donde podrían abrir operaciones pronto son Temuco, Puerto Montt y Antofagasta.
Vía Congreso
Un tema central que influirá también será el nuevo marco regulatorio que se trabaja en el Congreso. En abril se prevé que se reanude la discusión en el Senado. El miércoles pasado, las aplicaciones solicitaron a la comisión de Transportes reabrir el debate para proponer algunas modificaciones, lo que fue negado por los parlamentarios.
Pese a ello, Cabify no pierde la esperanza. Son cuatro los puntos que critican: la rigidez respecto de que los conductores deben contar con licencia clase A (profesional), la antigüedad de máximo cinco años que deben tener los vehículos, el que se permita sólo a personas naturales entrar en las aplicaciones, y el congelamiento del parque que se aplicará una vez comience a funcionar la legislación.
De los 50 mil conductores que la operación tiene, sólo el 30% tiene licencia profesional. “De aprobarse este articulo, no se considera flexibilidad para su obtención y un gran porcentaje de ellos no podrá adquirir la licencia clase A, lo que hará que el servicio sea más exclusivo y caro”.
Cabify ha intentado ponerse al día y promueve que sus conductores obtengan esta categoría. Incluso firmó una alianza con Automóvil Club para que el curso tenga un valor preferencial de $ 200.000, pero como el modelo de negocios es rotativo y muchos de los choferes buscan un ingreso extra, no disponen de tiempo para ir presencialmente a las clases.
Otro punto conflictivo es la antigüedad del vehículo. La ley exige a los nuevos conductores tener modelos de hasta tres años, mientras que a los antiguos se les permiten automóviles desde el 2015. “Sólo el 40% de nuestros socios entran en estas categorías”, argumentó el ejecutivo.
Además, el proyecto limitó a que sólo las personas naturales puedan entrar en la aplicación como conductores, con un máximo de dos unidades. Gutiérrez cree que debería extenderse a empresas unipersonales que permita a los socios poder tener su propia flota: “Hay muchos que están bajo esta figura”.
Efectos de la crisis
Con el telón de fondo de la crisis social en Chile, Gutiérrez contó que Cabify hizo una medición del perfil de sus nuevos conductores y en sus resultados salió que cuatro de cada diez personas que se inscribieron en noviembre, lo hicieron como una alternativa tras estar desempleado.
“Es una fuente laboral real para las personas en estos tiempos difíciles”, apuntó.
En este mismo sentido, Cabify está decidido a ser una opción de fuente laboral en Chile en este período. Con el objetivo de atraer más socios, hace dos semanas lanzó una bonificación para que a los nuevos conductores que realicen 100 viajes se les pague $ 1.000.000.
El estallido social mostró cambios en la conducta de sus usuarios. Durante octubre, los ingresos de la tecnológica cayeron 20%, situación que se recuperó entre noviembre y diciembre.
Por esta razón, se tomó una serie de medidas para estimular el flujo de pasajeros, como la suspensión de tarifas dinámicas y la reducción de un 50% del cobro en comunas como Puente Alto y Maipú.
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