“Vamos en camino”. Ese es el anuncio que hace el equipo de fiscalización de la Contraloría General de la República cuando ya se dirigen en sus vehículos a alguna repartición pública para supervisar en terreno el buen uso de los recursos públicos, comprobar buenas prácticas o indagar eventuales faltas a la probidad.
Y es que la contralora general Dorothy Pérez, más allá de la revisión de antecedentes escritos o de un trabajo de oficina con cruces de datos como los que revelaron los fraudes con licencias médicas falsas en el sector público, también está impulsando a todos los contralores regionales a intensificar el trabajo fiscalizador en terreno y ella misma ha marcado la pauta.
Fue así como el pasado 24 de agosto los fiscalizadores de la Contraloría comunicaron que iban rumbo al aeropuerto de Santiago, pero no dijeron quién encabezaba el grupo. Se trataba de 10 personas y quien lideraba era Pérez.
La cara de sorpresa de los funcionarios del terminal aéreo que la recibieron fue evidente, según diversos testigos. La visita, que se extendió desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, se desarrolló sin contratiempos.
Pérez junto al jefe del equipo de la división de fiscalización y supervisión del ente contralor visitaron la sala de cámaras, los accesos al aeropuerto y hasta la torre de control.
Las inspecciones en terreno no es algo nuevo para Pérez, quien ya en septiembre del año pasado fue a Colchane a fiscalizar los controles fronterizos y en enero de este año fue a la Antártica a la base O”Higgins donde en su visita se inspeccionaron desde las condiciones de la pista de aterrizaje hasta la gestión de residuos.
Para la recta final del año si bien no se puede adelantar el nombre de las instituciones a las que acudirá el equipo encabezado por la contralora, se anticipa que no solo serán en la Región Metropolitana.
En paralelo, los contralores regionales se despliegan, desde hospitales hasta jardines infantiles, siguiendo la instrucción emanada desde las oficinas centrales de la Contraloría que solicitó priorizar visitar pasos fronterizos, controles aduaneros y municipios.
Hitos fiscalizadores
Durante la gestión de la contralora se descubrió que más de 25.000 funcionarios públicos salieron fuera del país encontrándose formalmente con licencia médica. Auditorías posteriores identificaron a más de 6.000 trabajadores estatales que utilizaron licencias médicas para ausentarse de sus labores públicas, pero que en paralelo ejercían funciones remuneradas en el sector privado.
También se detectaron miles de funcionarios con licencia que registraron ingresos a casinos de juegos, parques nacionales o infracciones de tránsito en regiones distintas a las de su residencia.
En otro frente fiscalizador la Contraloría derivó antecedentes a la Fiscalía por un grupo de médicos (principalmente extranjeros) dedicados a la emisión masiva o venta fraudulenta de licencias a servidores públicos. El impacto de estas auditorías provocó la renuncia de más de 1.100 funcionarios del Estado.
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