La policía brasileña confirmó hoy que investiga si el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva participó en un supuesto fraude cometido por empresarios del sector automotor que habrían sobornado a funcionarios para obtener ventajas tributarias.
La investigación intenta determinar si en ese caso hubo algún tipo de "tráfico de influencias" y si Lula tuvo alguna participación directa en el caso, según dice un documento remitido por la Policía Federal a la justicia el pasado martes y divulgado hoy.
Esta es la segunda averiguación iniciada por las autoridades en torno a Lula, quien también es investigado por los supuestos delitos de "ocultación de patrimonio" y "blanqueo de dinero" en el marco de unos alegados fraudes inmobiliarios descubiertos en medio de la investigación sobre las corruptelas en la estatal Petrobras.
Lula ya ha declarado sobre este caso ante la Policía, pero en calidad de testigo, y aseguró que desconocía el asunto.
Los hechos que se investigan habrían ocurrido durante el segundo mandato de Lula, padrino político y antecesor de la actual mandataria, Dilma Rousseff, quien en la época se desempeñaba como ministra de la Presidencia.
Según las autoridades judiciales, un grupo de empresas del sector automotor sobornó a funcionarios del Gobierno que promovieron unas medidas decretadas posteriormente por Lula, mediante las cuales les fue reducida la carga tributaria.
Esas empresas también son investigadas por manipular a su favor los procesos del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), un departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos.
De acuerdo a las sospechas que investigan las autoridades, las empresas también sobornaron a funcionarios del CARF, que a su vez les facilitaron unas maniobras dirigidas a evadir impuestos.
Uno de los decretos que se investiga fue firmado por Lula a fines de 2009 y prorrogó hasta 2015 una serie de incentivos fiscales para la industria automotor, con la justificación de se trataba de un sector clave para generar empleos y atajar así el impacto de la crisis económica global que se desató en 2008.
El caso tramita en un tribunal de Brasilia, ante el cual la jefa de Estado, Dilma Rousseff, fue convocada en calidad de testigo por el abogado Eduardo Gonçalves Valadão, uno de los 16 acusados.
La mandataria respondió al tribunal por escrito, con un texto de solamente un párrafo divulgado también hoy y en el cual dijo que no tiene información sobre el asunto y tampoco "nada a declarar".
En otro documento, remitido al juzgado por el subjefe de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Jorge Rodrigo Araújo Messias, también se dice que en la solicitud presentada por el abogado Valadão "no hay ningún elemento que justifique" una declaración de Rousseff.
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