El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, decidió ayer aceptar el proceso de impugnación de la presidenta Dilma Rousseff. Cunha esgrimió razones técnicas, pero lo cierto es que su decisión la comunicó después de que la colectividad gobernante, el Partido de los Trabajadores (PT), decidiera votar en su contra en la comisión de ética de la cámara baja.
Cunha le dijo a reporteros en Brasilia que “lamenta profundamente” lo que está sucediendo y que tomó la decisión en base a argumentos técnicos. “Ojalá que nuestro país supere este proceso”, agregó.
Pero la posición de Cunha es extremadamente vulnerable. El diputado enfrenta acusaciones de que aceptó sobornos y escondió el dinero en cuentas en Suiza. El comité de ética de la cámara baja evaluará el martes 8 si abre una investigación que podría resultar en su remoción del Congreso. Ayer, miembros del PT acordaron votar a favor de investigar a Cunha, quien niega los cargos.
Poco después de conocida la decisión Rousseff convocó a una conferencia de prensa en donde afirmó que recibió con “indignación” la decisión de Cunha. “Son inconsistentes e improcedentes las razones, no realicé un acto ilícito”, aseguró, rodeada por once de sus ministros.
La mandataria fue dura con Cunha, sin mencionar su nombre. “No hay en mi contra ninguna sospecha de desvío, no poseo una cuenta en el exterior ni oculté bienes personales”, dijo la presidenta, en directa alusión a las acusaciones que existen contra el diputado en el consejo de ética y que están siendo investigadas por la Corte Suprema.
Rousseff manifestó su “absoluta tranquilidad” respecto de la improcedencia de la petición de impeachment. “No podemos dejar que las conveniencias y los intereses indefendibles sacudan la democracia y la estabilidad, debemos tener tranquilidad y confiar en las instituciones”.
Proceso largo
El proceso de impeachment podría tomar meses, ya que incluye varias votaciones en el Congreso, las que podrían terminar con la salida de la presidenta. Pero Rousseff estaría preparada para desafiar el proceso en la Corte Suprema, dijo a Bloomberg un funcionario de gobierno con directo conocimiento de su estrategia.
La decisión de Cunha pondrá a prueba el apoyo a la mandataria en el Congreso, tras meses en que el gobierno y la oposición se han enfrentado para conseguir el apoyo de los parlamentarios. La acción también amenaza con paralizar la agenda económica de Rousseff, ya que podría priorizar salvar su vida política en lugar de revivir el crecimiento.
El mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, que giraba en torno a la petrolera estatal Petrobras, junto a una inflación que supera el 10% y un desempleo creciente, han arrastrado la aprobación de la mandataria a mínimos récord.
“Se va a poner interesante”, dijo Siobhan Morden, director de estrategia de renta fija para Latinoamérica de Nomura Holding, a Bloomberg. “La interpretación positiva o negativa depende de cuánto tiempo dure el proceso”.
La solicitud de impugnación acusa a Rousseff de violar la ley de responsabilidad fiscal de Brasil en 2014 y 2015. Los principales auditores del país recomendaron en octubre que el Congreso rechazara las cuentas públicas, diciendo que la administración usó maniobras fiscales (conocidas como pedaladas) para esconder el déficit fiscal del año pasado. El gobierno lo niega.
La petición aceptada por Cunha será evaluada por un comité especial compuesto por 66 diputados. La regla de distribución seguirá la proporcionalidad de los partidos políticos en la cámara baja. Si es acogida pasará al plenario de la Cámara de Diputados.
“Un período extendido de riñas políticas es lo último que necesita Brasil ahora, dado que la economía está en medio de su peor recesión desde los años ‘30”, escribió Neil Shearing, economista jefe de mercados emergentes de Capital Economics, en una nota a clientes.
Cambio de meta fiscal
Rousseff recibió por lo menos una buena noticia ayer, ya que el Congreso aprobó la modificación de la meta fiscal de este año. Según el texto, el gobierno central está autorizado a cerrar las cuentas de este año con un déficit de 119.900 millones de reales (US$ 31.246 millones), lo que equivale a 2,08% del PIB.
En sesión conjunta, 314 diputados votaron a favor de la nueva meta, y 99 en contra. Entre los senadores, la medida recibió 46 votos a favor y 16 en contra. La medida permite cambiar la meta del gobierno central desde un superávit de 55.300 millones a un déficit de 51.800 millones, que equivalen a un 0,9% del PIB. Con esto, Rousseff evitó una nueva petición de impeachment, por el incumplimiento de la meta fiscal de 2015.
En otra arista, el Tribunal de Cuentas de la Unión estimó ayer que los casos de corrupción le han costado a la petrolera estatal Petrobras alrededor de US$ 7.600 millones.
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