Un nuevo revés tuvo el conflicto en torno a la sentencia de fines del año pasado del Primer Tribunal Ambiental que -en un fallo unánime- acogió parte de la reclamación de las comunidades atacameñas, revirtiendo la aprobación por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) del programa de cumplimiento del proyecto "Cambios y mejoras de la operación minera del Salar de Atacama" de SQM Salar.
El caso se remonta a noviembre de 2016, cuando la entidad abrió un proceso sancionatorio tras detectar seis infracciones relacionadas principalmente a la extracción de salmuera fresca por sobre lo autorizado. Esto llevó a que en enero de 2019 se aprobara un plan para evitar una multa, que incluía medidas por un costo estimado de US$ 25 millones.
Ayer, la SMA presentó un documento desistiendo de los recursos de casación en la forma y fondo que había presentado el 14 de enero en la Corte Suprema contra la sentencia dictada por el Tribunal con sede en Antofagasta. Así, optó por acatar el fallo de la instancia judicial, cuyo ministro redactor fue Mauricio Oviedo.
El Tribunal Ambiental de Antofagasta resolvió el 26 de diciembre pasado que el programa de cumplimiento presentado por SQM Salar en un procedimiento sancionatorio no había cumplido con los criterios de eficacia e integridad. Esto, teniendo en consideración la especial condición de fragilidad que presenta el Salar de Atacama desde -por ejemplo- un punto de vista ecosistémico, sumándose el estatus de protección jurídica del territorio donde se emplaza el proyecto en el que habitan comunidades del pueblo licanantay. De esta forma, el Tribunal dejó sin efecto la resolución de la entidad fiscalizadora que dio luz verde a este plan, retrotrayendo el procedimiento sancionatorio al estado en que se encontraba previamente.
Según explicó la Superintendencia, el desistimiento se presenta considerando que "la SMA, paralelamente a la tramitación del procedimiento sancionatorio seguido en contra de SQM Salar, ha comenzado a desarrollar un trabajo amplio de gestión territorial de la cuenca del Salar de Atacama, especialmente referido al seguimiento ambiental del lugar".
La entidad agregó que lo anterior ha involucrado tomar una serie de acciones referidas a las principales empresas que tienen proyectos en el salar: Minera Escondida, Minera Zaldívar, Albemarle y SQM Salar.
También puntualizó -entre otros aspectos- que se conformó una mesa técnica de organismos públicos para minimizar la incertidumbre en las distintas áreas de conocimiento relativas al salar y mantener la debida coordinación entre las instituciones que velan por la gobernabilidad y sustentabilidad de la cuenca.
En esa línea, la SMA requirió a las cuatro firmas mencionadas la conexión en línea y reporte electrónico para el monitoreo del componente hídrico de sus proyectos. "La estrategia ha implicado también adoptar medidas respecto de cada uno de los proyectos que tienen incidencia en la cuenca", dice. En el caso de Minera Escondida, el 30 de julio la entidad formuló cargos a la empresa por un cargo grave relacionado a la afectación del componente hídrico.
Mientras, por el proyecto de SQM Salar, se tomaron medidas cautelares a través de una resolución del 6 de agosto.
"Adicionalmente, la Superintendencia ha estimado adecuado acatar el fallo emitido por el Primer Tribunal Ambiental, lo cual conllevará a realizar un nuevo estudio sobre el plan de cumplimiento, para ver espacios de mejoras del mismo según lo levantado por el referido tribunal, y luego resolver sobre su aprobación o rechazo", afirma.
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