La Superintendencia de Medio Ambiente levantó un cargo grave contra Minera Escondida, después de detectar indicadores que dan cuenta de mayores niveles de extracción de agua en el sector de Tilopozo, en la región de Antofagasta.
Según explicó en un comunicado, se vio una disminución de nivel freático mayor a 25 centímetros, esto es la distancia a la que se encuentra el agua desde la superficie del terreno, superándose de forma permanente y desde el año 2005 la disminución máxima aceptable que pueden soportar los sistemas vegetacionales en esa zona.
“La empresa no logró bajar los niveles de extracción de aguas subterráneas en el mismo sector al mínimo en cuatro puntos de control desde julio del 2005, junio y diciembre del 2011 y septiembre 2017, respectivamente, y llegó a triplicar el umbral permitido el año 2019, sin ejecutar la medida de reducir el período de explotación a menos de 21 años”, detalló.
El caso surgió después de una denuncia de 2018 de la Dirección General de Aguas (DGA). La infracción fue clasificada como grave.
La autoridad detalló que “como medida de mitigación del impacto sobre el recurso hídrico y la vegetación, la empresa comprometió en su resolución de calificación ambiental (RCA) la limitación del tiempo de bombeo como una medida efectiva. La Superintendencia considera que esta y otras medidas complementarias debieron ser aplicadas ante una disminución mayor a la máxima aceptable del nivel del acuífero”.
Según explicó el Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, “la medida indicada previamente es central para hacerse cargo del impacto generado por el proyecto, siendo la única forma establecida en la evaluación ambiental para minimizar el efecto generado sobre la vegetación, asociada a la extracción del recurso hídrico y cuyo incumplimiento se ha mantenido de manera permanente desde el año 2005”.
La empresa tiene 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento, evitando una sanción, o 15 días hábiles para formular sus descargos, en el caso que busque defenderse de las imputaciones. Arriesga una multa máxima de 5.000 mil unidades tributarias anuales (unas US$ 4 millones aproximadamente, dependiendo del tipo de cambio) e incluso la revocación de su permiso ambiental.
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