El caso donde se acusa una situación de conflicto de interés no informado del expresidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, abrió una guerra de declaraciones entre los principales actores del episodio.
Esto se produjo luego que se informara que se adjudicó un contrato de la división Salvador a un amigo del hijo de Pizarro (Felipe), quienes además hicieron una transacción comercial de un sitio en Chicureo, supuestamente bajo el valor fiscal del lugar.
Según trascendió, fue a principios de octubre que la empresa se enteró de la denuncia, la que fue analizada por el directorio de Codelco que decidió llevar los antecedentes al Ministerio Público el 21 de octubre.
Según comunicó ayer la estatal, esta determinación se tomó considerando que hubo varias instancias que revisaron los contratos cuestionados, pero ninguna identificó la situación.
Según trascendió, aunque internamente no hay convicción de que sea un delito, sí creen que debió transparentarse esta relación comercial.
Pizarro vs. Bermúdez
Pizarro aún no define el equipo que lo representará ante la Fiscalía, pero ayer salió a defenderse de las acusaciones, señalando que su hijo pagó en 2014 -antes que él asumiera la presencia ejecutiva de la estatal- del orden de $ 700 millones por el terreno y la construcción del inmueble, no los $ 70 millones que abrieron las sospechas. Agregó que esto fue financiado con recursos propios de Felipe Pizarro (retiro de utilidades de una empresa familiar y venta de su casa anterior) y complementado por un préstamo que el mismo entregó.
En un escrito, aseguró que los hechos en los que se identifica un eventual conflicto de interés son “erróneos” y que “en ningún caso y en ninguna circunstancia he ejercido alguna influencia para favorecer a alguna empresa en particular”.
Sin embargo, el caso viene a agitar las aguas entre Codelco y Contraloría en medio del conflicto que las mantiene en la justicia desde 2017, justamente por los mecanismos de control externo a la minera.
El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, si bien descartó que estos nuevos antecedentes se incluyan en el juicio, enfatizó que es necesario que haya control externo.
“Ahí entra la Contraloría. Nosotros lo que hicimos fue eso, ejercer nuestras facultades”, dijo y agregó que “es difícil ejercer esas facultades cuando precisamente el fiscalizado no quiere que lo controlen y para hacerlo, para impedir ese control, interpone una demanda en contra de la Controlaría”.
Sobre si este tipo de irregularidades les da más pie para sostener la tesis que tienen en el juicio, indicó que “nunca hemos tenido ninguna duda respecto de las facultades que tenemos para poder fiscalizar a Codelco. Lo que pasa es que ellos entienden que no debería ser la Controlaría quien los controle. Nosotros ahí tenemos una disparidad, pero lo realizado por Contraloría a propósito de este caso puntual de la División El Salvador, la colaboración que tuvimos con Cochilco, el trabajo que hicimos con la comisión especial investigadora, da cuenta de la necesidad del control externo y en particular de la Contraloría respecto de Codelco”.
La Federación de Trabajadores del Cobre se reunirá hoy en un consejo para definir su postura frente al tema.
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