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REGÍSTRATE AQUÍSe contemplaría crear una forma de remunerar este atributo a través del pago por potencia.
Por: Karen Peña
Publicado: Jueves 21 de noviembre de 2019 a las 04:00 hrs.
A casi tres meses de que el gobierno convocara una comisión asesora para que presentara propuestas en torno a la flexibilidad del sistema eléctrico, luego de que se decidiera pensar en una estrategia para fomentar este atributo más allá de un proyecto de ley, la instancia culminó su trabajo.
La semana pasada la comisión entregó un documento definitivo a las autoridades, el que incluso ya se estarían socializando con los gremios. El escrito contiene medidas de corto y largo plazo donde la mayor parte de ellas son ajustes reglamentarios, aunque se contemplarían iniciativas que requieren cambios legales.
Fuentes de la industria comentan que el tema que implicó mayor discusión en la instancia fue a la hora de analizar cómo remunerar las funciones de flexibilidad que serán muy necesarias en el futuro.
En esa línea, los expertos aprobaron la idea de crear una nueva forma de remunerar esa flexibilidad a través de pago por potencia. Esto es, darle una remuneración específica a aquellos servicios que presenten lo que se le denomina servicio de rampa, es decir, que en un período de tiempo acotado puedan incrementar dramáticamente la generación. Esta propuesta, dicen conocedores, implicaría probablemente un cambio legal.
En otro frente, el Ministerio de Energía, así como parlamentarios presentaron el lunes indicaciones a la ley corta de distribución.
Dos de los cambios sorprendieron a la industria. Primero, la idea de los senadores Yasna Provoste y Álvaro Elizalde de bajar la tasa para el costo por potencia (precio nudo) incluido en las tarifas desde 10% a 6%; y fijar las tarifas que fue sugerido por el gobierno.
Los expertos difieren en los impactos del ajuste de los senadores. Mientras algunos dicen que impactaría en las cuentas de luz, otros creen que éste no tiene efecto en los clientes regulados.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El ministro del Trabajo también anunció que se ingresarán nuevas medidas de adaptabilidad laboral en las próximas semanas e hizo un llamado a los empresarios a contratar trabajadores.