La Corte Suprema rechazó el recurso de casación interpuesto por organizaciones ciudadanas que buscaba invalidar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Puente Industrial sobre el río Biobío, en la región del mismo nombre, obtenida en noviembre de 2019.
La resolución del máximo tribunal ratificó la viabilidad operativa y financiera del proyecto, y estimó que el recurso fue interpuesto fuera de los plazos que exige la normativa. En efecto, en octubre de 2020, un grupo de ciudadanos ingresaron al Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, la solicitud de invalidación de la iniciativa, argumentando no haber sido considerados en el proceso de evaluación.
El fallo de la Suprema validó lo resuelto en esa oportunidad por la justicia ambiental respecto a que la acción excedió los 30 días estipulados por ley para este instancias de reclamación, calificando el recurso como extemporáneo.
El tribunal argumentó que mantener abierta la posibilidad de cuestionar indefinidamente iniciativas ya aprobadas genera un escenario de alto riesgo regulatorio, lo cual encarece los costos de financiamiento y desincentiva la inversión de largo plazo.
Inicio de operaciones
Desde su inauguración en septiembre pasado, el viaducto de 6,4 kilómetros en su extensión total se ha convertido en una vía de conectividad importante dentro del Gran Concepción, pues, más allá de unir las comunas de San Pedro de la Paz y Hualpén, permite agilizar los tiempos de desplazamiento, descongestionar uno de los nudos viales de mayor atochamiento vehicular como es la Ruta 160 y ha facilitado la circulación del transporte de carga desde y hacia los principales terminales portuarios de la Región del Biobío, elevando su matriz exportadora para la zona centro - sur.
A poco más de un año de su entrada en operaciones, Aletaica, concesionaria del viaducto declaró que sus registros arrojaban 5,5 millones de tránsitos, con un promedio de 950 mil vehículos circulándolo; de ellos, 88% corresponde a vehículos livianos y 11% de carga pesada.
La infraestructura, que demandó una inversión US$ 250 millones, aún no está entregada en un 100%, pues tanto en San Pedro de la Paz como en Hualpén, la empresa realiza trabajos en los accesos, situación que ha motivado que autoridades locales como el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, los alcaldes de las comunas involucradas y los propios vecinos, soliciten pública y jurídicamente un cobro menor del TAG para su cruce.
Las medidas fueron desestimadas por la justicia y por el Ministerio de Obras Públicas por tratarse de una obra concesionada y que debe ceñirse a las condiciones de los contratos establecidos entre las partes.