Hace solo 30 días, Alberto Fernández despertó en su departamento de Puerto Madero, dio una entrevista radial y manejó su propio vehículo hacia el Congreso para asumir la presidencia de Argentina. Toda una señal de cómo planeaba conducir su gobierno.
Con casi toda una vida invertida en la gestión del Estado y cinco años en la línea de fuego como jefe de gabinete, Fernández cumple este viernes un mes al mando del Estado asemejando la impronta en el cargo de su penúltimo mentor político, Néstor Kirchner.
Esto implica tomar personalmente el fierro caliente del día a día, involucrándose en cada gestión de impacto económico y político. Tal hiperactividad no quita el acudir en consulta y consejo hacia su última promotora: la vicepresidenta y exjefa de Estado, Cristina Fernández.
Como anticipó en campaña, su desembarco en la Casa Rosada no estaría acompañado de la mentada "luna de miel" que la opinión pública suele concederle a la administración entrante, dejando de lado reclamos urgentes y perdonándole posibles errores en la administración de la cosa pública. Más bien, todo lo contrario.
Los vencimientos de deuda por US$ 156.220 millones entre capital e intereses a abonar al Fondo Monetario Internacional (FMI), acreedores privados del extranjero, y también en el sector público; la pobreza galopante que orilla el 40% y una inflación que no pretende bajar abruptamente su velocidad golpearon cada mañana a la puerta de Balcarce 50, y obligaron a trasnochar al mandatario y su gabinete en más de una ocasión. Prueba de ello es la contratación de secretarias en doble turno para asistir en el papeleo, coordinar y recibir el incesante peregrinar de funcionarios y líderes de toda clase, partido y condición.
Balance de gestión
Este jueves, en un acto que encabezó en San Fernando para presentar un programa que adjudicará obras menores de construcción a cooperativas en aras de reactivar la obra pública y el empleo, Fernández se dio por satisfecho por lo actuado en un mes, y reveló que mantuvo una conversación telefónica con la expresidenta y compañera de fórmula -de viaje por Cuba- para hacer balance de la gestión.
Fernández prometió en campaña "parar la pelota" y "hacer un gran acuerdo nacional" que reorganice la economía. Cumplió en parte, recurriendo a toda clase de medidas para frenar las expectativas inflacionarias, recuperar el poder adquisitivo y aliviar a los sectores más golpeados por la crisis, tras lograr que el Congreso le aprobara una ley de emergencia y facultades extraordinarias a través de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.
Apenas tomó el tablero de control, Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, cerraron aún más el grifo por el que se escapan los dólares imponiendo un cepo aún más restrictivo para el atesoramiento, que hizo nacer la cotización del "dólar solidario", 30% más caro que la divisa vigente para importadores y exportadores. También gravó por el mismo valor los gastos en el exterior, los pasajes aéreos y cuanto implique girar fuera del sistema local los billetes norteamericanos.
Su plan para "poner a Argentina de pie" también requirió cargar las espaldas de los que aún no trastabillaron en los años del macrismo: subió Bienes Personales, Ganancias y las penalidades por tener dineros no declarados en el exterior.
Desapareció la quita de IVA generalizada en alimentos de la canasta básica, para enfocarlo en un beneficio solo disponible para beneficiarios de la asistencia social.
A sabiendas de una recaudación que se vio nutrida, Fernández prosiguió con aumentos para jubilados de la mínima y prometió mejorar la fórmula de cálculo de los haberes; lanzó una tarjeta alimentaria para adquirir alimentos de primera necesidad para familias pobres con chicos menores a seis años, prorrogó "Ahora 12" y relanzó "Precios Cuidados", con menos oferta pero bienes "más representativos" del consumo popular.Con los laboratorios, consiguió una leve rebaja de medicamentos.
En el calor de diciembre y enero, Fernández congeló las tarifas de peajes, detuvo a tiempo una remarcación en las naftas que comercializa YPF, congeló los aumentos previos en las boletas de luz y gas para porteños y vecinos del Conurbano, y también el costo de viajar en colectivo y tren en el AMBA y el Interior.
Para poner plata en la calle, Fernández decretó un incremento salarial obligatorio de 4.000 pesos argentinos para trabajadores formales del sector privado y otro más edulcorado para estatales, que se percibirá recién el próximo mes.
Las negociaciones con acreedores, claves para dar señales de previsibilidad y evitar un default que detone la economía, se guardan con un total hermetismo. El presidente aspira a acordar con el Fondo y otros organismos multilaterales cuanto antes, y sumar a los acreedores privados a su plan de prórroga. Sabe que le corre el tiempo, y se ha fijado encontrar un resultado antes del 31 de marzo. Por entonces estará promediando los cien días de gobierno.
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