El Gobierno argentino del presidente Alberto Fernández imputó a 11 grandes empresas de consumo masivo por generar desabastecimiento de sus productos, en momentos de una alta inflación que sufren los habitantes del país y arrastre de recesión económica.
Las firmas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas , Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, fueron imputadas por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos, de acuerdo a un listado de la Secretaría de Comercio Interior.
Solo una de las compañías respondió al llamado de Reuters, pero un vocero en condición de anonimato dijo que no estaban notificados de la penalidad, mientras que el resto no dio opinión de inmediato.
"Cayeron muy mal estas intimaciones (...) con costos incrementados más de un 30%-35% y precios congelados", dijo a la prensa Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).
Las empresas abastecieron al mercado "durante toda la pandemia a pesar del personal con licencias, los problemas logísticos, la huelga de (el gremio de) aceiteros, el corte (de rutas) de 15 días de camioneros, los feriados, las vacaciones del personal y las paradas de planta por mantenimiento".
Las imputaciones se realizaron luego de verificarse que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a "incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda", dijo la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC).
El ministro de Producción, Matías Kulfas, sostuvo que "se observó que faltaban algunos productos en supermercados y, cuando se requirió la información, se vio que el problema del faltante era por el abastecimiento del productor industrial".
Fiscalizaciones realizadas en comercios, para controlar precios en momentos de alta inflación, derivaron en identificaciones de faltantes en góndolas de productos de consumo masivo, explicó el comunicado oficial.
La medida, además, coincide con la puesta en marcha a fines de enero de la llamada Ley Góndola, que se supone busca potenciar la competencia con una mejor disposición de los productos de distintas marcas en las estanterías, pero que ha sido fuertemente criticada por su efecto en el alza de los precios y escasez.
Los precios minoristas del país austral subieron un fuerte 4% en enero y acumularon un alza del 38,5% en 12 meses a enero. La pandemia del Covid-19 produjo un duro golpe a la economía argentina, la que se espera se haya contraído algo más del 10% en 2020, según analistas privados.
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