La oposición venezolana está redoblando sus esfuerzos para presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que abandone sus planes de realizar una Asamblea Constituyente el domingo, que busca cambiar la Constitución y quitar atribuciones al parlamento controlado por la oposición.
Hoy empieza un paro de 48 horas convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que terminará con protestas masivas agendadas para el viernes en la capital, Caracas. Ayer, el principal gremio empresarial del país, Fedecámaras, llamó a Maduro a cancelar la votación y dio “libertad plena a nuestros trabajadores y empresarios que decidan sumarse” a las movilizaciones.
Desde el oficialismo, la respuesta fue clara: Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, sugirió que “si no les gusta la elección, no voten”. Al mismo tiempo, el gobierno aumentó la presión sobre los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados el viernes por la Asamblea Nacional. Tras la detención el fin de semana del abogado Ángel Zerpa –quién fue acusado de traición a la patria-, ayer el servicio de inteligencia arrestó a otros dos magistrados.
Presión internacional
La Organización de Estados Americanos (OEA) designó ayer a un asesor especial en temas de crímenes de lesa humanidad para definir si el gobierno ha incurrido en delitos, y hoy discutirá la situación en el país. Maduro, por su parte, respondió que esta será otra instancia para impulsar la violencia en el país, y acusó a los gobiernos de México y Colombia de elaborar junto con la agencia de inteligencia de EEUU un plan para derrocar a su administración.
El medio argentino El Cronista reveló ayer que el gobierno argentino quiso hacer una declaración más fuerte sobre la situación venezolana en la cumbre del Mercosur de la semana pasada. Los funcionarios de la Cancillería argentina entregaron a los presidentes asistentes un texto en el que se reconocía el plebiscito opositor celebrado el domingo 16 de julio y se conminaba a Maduro a no realizar la asamblea constituyente. Sin embargo, el texto fue modificado por presión del gobierno uruguayo, y terminó llamando “al gobierno y a la oposición a no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales”.
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