Ante la magnitud del desafío de la reconstrucción en las zonas del norte afectadas por la catástrofe climática, el gobierno estaría evaluando adelantar el segundo llamado del programa extraordinario de reactivación, que contempla la entrega de subsidio habitacionales para proyectos de integración social (DS 116), que en su primera fase, cuyos desarrolladores se conocerán en estos días, considera la construcción de 35 mil viviendas.
Lo anterior porque de ese total, sólo 3.000 unidades estarán emplazadas en la zona de Copiapó, mientras que los requerimientos habitacionales de la Región de Atacama en general, superan con creces esta cifra.
Este fue uno de los temas que se trató en la reunión que ayer sostuvo la ministra de Vivienda, Paulina Saball, con la directiva de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
La idea es que en paralelo con la habilitación de soluciones de emergencia para los afectados por esta situación, se pongan en marcha los proyectos definitivos, poniendo énfasis en estas áreas afectadas, ya que según estimaciones del gremio éstos tomarán no menos de 18 meses para estar terminados.
El presidente de la CChC, Jorge Mas, comentó que también se planteó la opción de evaluar programas de vivienda de este tipo para las localidades más pequeñas afectadas.
El dirigente también planteó a la autoridad la necesidad de reformular el mecanismo de subsidios de reparación, haciéndolo más flexible para que se ajuste a las obras específicas que se requieren en esta oportunidad.
Plazos para limpieza
Mas estimó que sólo la limpieza de todo el barro en estas zonas tomará al menos seis meses. Puso el caso de la propia CChC que comprometió la limpieza de 230 hectáreas, correspondientes a un perímetro de diez por doce cuadras, ubicadas en la zona más afectada de Copiapó, donde se estima que retirarán del orden de 70 mil m3 de barro, que equivalen sólo a un tercio del barro que hay en la ciudad, lo que les tomará, creen, no menos de tres meses.
El dirigente dijo que antes de la próxima semana no será posible tener un catastro del costo de la reconstrucción.
Ayer, en tanto, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, encabezó en Copiapó la constitución del Comité Económico de Emergencia de Atacama, ocasión en que valoró la decisión de BancoEstado que suspendió el pago de cuotas o la extensión de la vigencia de los permisos de circulación en la zona.
Sanitarias: apoyo externo
El titular del MOP, Alberto Undurraga, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), convocó ayer al gremio de Empresas de Servicios Sanitarios para evaluar en conjunto si con la experiencia y tecnología nacional se posible enfrentar con rapidez el restablecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, o es necesario recurrir al apoyo internacional para el despeje de lo segundo.
Previamente, el secretario de Estado reconoció que estas labores tomarán varios meses, por lo que se busca ampliar el abastecimiento de emergencia.
Explicó que hay más de 350 máquinas operando en Atacama para limpiar accesos y calles. Hay conexión terrestre entre los centros urbanos y se trabaja para superar las restricciones en la Ruta 5.
Suministro eléctrico
Transelec logró ayer energizar una de las dos líneas de transmisión que resultaron afectadas por los aluviones. Se trata del tramo Diego de Almagro-El Salado, quedando pendiente el tramo El Salado-Chañaral, cuya reposición sigue estando proyectada para los próximos días.
En lo que respecta a distribución, Emelat, filial del grupo CGE, que abastece en Atacama informó que ayer pudieron conectar al suministro a más de 3.500 clientes, con lo cual han logrado restablecer al 97% de sus usuarios.
En zonas como Chañaral y Diego de Almagro instalaron generadores diésel, lo mismo que sucedería en El Salado e Inca de Oro, aunque el avance está supeditado a la solución de problemas de acceso y conectividad, debido al corte de caminos e inundaciones.
Minería sigue con problemas
A los problemas en la división El Salvador de Codelco, que tomarían un mes en superarse, se conocieron ayer los casos de la mina Caserones, que tras varios días paralizó su operación durante una semana para recuperar alguno de sus procesos, lo que implicó la baja de su contingente de trabajadores, pues sólo se mantendrán trabajos menores de mantención y reparación, así como las labores de apoyo a las comunidades aledañas.
Por otra parte, Kinrross, que no tuvo problemas de seguridad con sus trabajadores, pero sí algunos daños en instalaciones, lo que mantiene a su mina Maricunga operando con severas limitaciones, por la falta de electricidad por el corte de líneas.
El ministerio de Minería, en tanto, constató la estabilidad de los tranques de relaves en la zona.
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