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Publicado: Jueves 9 de abril de 2015 a las 04:00 hrs.
Ayer entró al Senado el oficio del proyecto de ley que regula el cobro de estacionamientos en centros comerciales, clínicas y hospitales, después de que fue despachado el día anterior por la Cámara de Diputados.
La iniciativa se discutirá en la comisión de Economía, proceso que podría iniciarse la próxima semana, explicaron conocedores de estas tramitaciones.
Ante esta nueva fase, el presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, Manuel Melero, adelantó que el sector privado prepara acciones "con carácter subsidiario".
"Preferiríamos que se llegara a un acuerdo en torno al texto que creemos que puede y debe ser mejorado en el Senado. Si eso no resultara satisfactorio para nosotros recurriríamos al Tribunal Constitucional, pero no es de nuestra competencia. Tiene que ser patrocinado por diez senadores", explicó.
Añadió que también existe un recurso de inaplicabilidad que puede ser ejercido por parte de algún centro comercial para recurrir al TC después de que el Senado apruebe el proyecto.
Pese a estas iniciativas que el gremio está monitoreando, Melero dice tener esperanza de que en la Cámara Alta puedan aproximarse al diálogo, "no como en la Cámara de Diputados donde pasaron la retroexcavadora completa y no convidaron a los expertos y actores de la industria", agregó.
En apoyo a la industria, el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Cristián García-Huidobro, coincidió en que este proyecto debilita el derecho de propiedad de los dueños de los estacionamientos y podría tener vicios de constitucionalidad.
Destacó, además, que ello obligaría a los mall a subir los arriendos de sus locales.
Entre las propuestas coordinadas por la Bancada Startup, está flexibilizar la bolsa junior, extender franquicias tributarias a la inversión en startups, eliminar el impuesto a la venta indirecta para tecnológicas y que Corfo pueda invertir en fondos de capital de riesgo.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció además que para 2027 se contemplan 20 mil cupos para viviendas industrializadas, frente a las 3 mil unidades que actualmente se desarrollan al año.
"La responsabilidad penal podría configurarse “si se acredita que quienes administraban los fondos abusaron de sus facultades o actuaron de manera manifiestamente contraria al interés de los afiliados, causando perjuicios y concurriendo los demás requisitos del delito de administración desleal", advierte la abogada Macarena Iturra.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
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