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Publicado: Martes 21 de octubre de 2014 a las 05:00 hrs.
Entre US$ 31 millones y US$ 44 millones fluctúan las pérdidas que sufrieron los fondos de pensiones por los efectos derivados del bullado Caso Cascadas, informó ayer la Superintendencia de Pensiones (SP).
El organismo regulador precisó que elaboró el cálculo en base a tres fuentes: las pérdidas que informaron las AFP; el análisis de las metodologías en que las administradoras sustentaron la cuantificación de tales pérdidas; y datos que la entidad obtuvo en procesos de fiscalización.
Así, la titular del organismo, Tamara Agnic, afirmó que estimaron el rango “sobre los criterios que consideramos más razonables en términos financieros y legales”.
Sin embargo, precisó que esta es una cifra meramente referencial, dado que “son los Tribunales de Justicia los que, en definitiva, deberán determinar si hubo efectivamente perjuicios, su cuantía y las indemnizaciones que procedan”.
Asimismo, Agnic sostuvo que la Superintendencia que dirige velará porque las administradoras emprendan todas las acciones legales que se requieran para indemnizar a los chilenos que hayan sufrido perjuicios en el mencionado caso.
Francisco Margozzini, gerente general la Asociación de AFP, indicó que “si bien los recursos comprometidos corresponden a menos de 0,03% del fondo bajo administración, ello no es un impedimento para seguir adelante con las gestiones legales para recuperar cada peso comprometido en este asunto“.
Añadió que “las AFP cumplen la ley, y ésta indica que los administradores fiduciarios deben utilizar todos los elementos legales para defender los intereses de los trabajadores, y así lo confirman las acciones legales interpuestas ante la Justicia“.
Entre las propuestas coordinadas por la Bancada Startup, está flexibilizar la bolsa junior, extender franquicias tributarias a la inversión en startups, eliminar el impuesto a la venta indirecta para tecnológicas y que Corfo pueda invertir en fondos de capital de riesgo.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció además que para 2027 se contemplan 20 mil cupos para viviendas industrializadas, frente a las 3 mil unidades que actualmente se desarrollan al año.
"La responsabilidad penal podría configurarse “si se acredita que quienes administraban los fondos abusaron de sus facultades o actuaron de manera manifiestamente contraria al interés de los afiliados, causando perjuicios y concurriendo los demás requisitos del delito de administración desleal", advierte la abogada Macarena Iturra.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
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