El texto del proyecto de ley misceláneo para impulsar la inversión está experimentando sus últimos ajustes en el Ministerio de Economía. El propio titular de la cartera, Jorge Rodríguez, señaló que la intención del Ejecutivo es presentarlo una vez que termine el debate del proyecto de modernización del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en la Sala del Senado, lo que se espera ocurra esta semana.
Además de modificaciones para optimizar los procedimientos al interior del Estado -firma electrónica, por ejemplo-, la iniciativa contempla optimizar el funcionamiento de la evaluación de los proyectos, para lo cual se contemplan cambios reglamentarios que, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, se han conversado tanto con actores privados y públicos.
Y es que uno de los objetivos principales es disminuir los tiempos de aprobación medioambiental. Actualmente, la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) puede tomar hasta 180 días, mientras que el pronunciamiento de las autoridades frente a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) puede dilatarse hasta 90 días. Sin embargo, muchos proyectos han pasado más de 2 años en el proceso.
Para lograr reducir los plazos se baraja una serie de alternativas, entre las que destaca la exclusión del recurso de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RSA), lo que podría reducir hasta en dos años el plazo de aprobación de un proyecto. También se buscaría consagrar que todas las impugnaciones se hagan en el recurso de reclamación, evitando así la prolongación excesiva del proceso.
Actualmente, un proyecto que cuenta con un recurso de reclamación pasa por el Comité de Ministros, el Tribunal Ambiental e, incluso, llega a la Corte Suprema. Y aunque ese proceso sea existoso, la ley otorga dos años más para que cualquier persona pueda ingresar un recurso de invalidación a la RSA.
Otro cambio que está sobre la mesa es homologar las RSA, estableciendo que sus contenidos sean designados por ley para que quede como un instrumento único de fiscalización.
Un punto que recogería el texto y que formó parte de las sugerencias que realizó el mundo privado, es la eliminación de las cartas de pertinencia en el caso de que un proyecto deba ser modificado, pero que no genere impactos medioambientales distintos a los ya evaluados y aprobados.
También se consignarían medidas para destrabar procesos de fusión y concesiones en pesca y acuicultura y en las limitaciones para la contratación de trabajadores extranjeros, temas que también formaron parte de las propuestas empresariales.
Todos los puntos propuestos por la cartera de Economía deben ser visados por el Ministerio de Medio Ambiente y, eventualmente, por la cartera de Hacienda, lo que aún estaría en proceso.
Cifras retroceden
Aunque sea en el ocaso del gobierno, el proyecto busca contrarrestar la caída que ha experimentado la inversión en el país en los últimos tres años. Para 2017 se prevé otro ejercicio de baja, la que alcanzaría a 1,6%, de acuerdo al Banco Central.
Este descenso derivó en una reducción de la inversión como proporción del PIB, pues pasó de representar 25,6% del PIB en 2013 a 20,9% el año pasado.
Con todo, las expectativas futuras para el desempeño de la inversión en el país son más auspiciosas gracias a un mejor desempeño económico, impulsado por un mayor crecimiento mundial y precios de materias primas más altos, entre otros factores. Así, el mismo ente emisor proyecta que la inversión repuntará 3,2% en 2018.
¿Y el Comité de Ministros? No se tocaría
Luego del rechazo al proyecto minero-portuario Dominga, el Comité de Ministros -órgano encargado de resolver las controversias de los proyectos en evaluación medioambiental- fue cuestionado a nivel transversal, incluso al interior del propio gobierno, lo que quedó al descubierto con la renuncia de los ministros de Hacienda y Economía a fines de agosto.
En este escenario, la idea de realizar cambios a la instancia tomó fuerza, algo que no es nuevo, ya que la Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo incluyó en su informe final presentado en julio del año pasado.
El reporte apostaba por mantener al comité como instancia superior al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para la resolución de reclamaciones a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), pero creando una secretaría técnica y un panel de expertos para solicitar informes cuando corresponda. Además, proponía mejorar el reglamento de su funcionamiento interno en pos de un proceso transparente y una votación fundamentada de sus miembros.
Sin embargo, el propio ministro de Economía, Jorge Rodríguez, ha declarado que el texto no incluiría modificaciones muy profundas, lo que es confirmado por fuentes conocedores del proceso que señalan que lo que busca el secretario de Estado son cambios quirúrgicos y no grandes reformas, con el fin de lograr una tramitación expedita en el Parlamento.
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