Finalmente, el Ejecutivo ingresó ayer a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente desde 2006 en el país, incorporando una serie de cambios que apuntan a asegurar la disciplina del gasto público.
Todo esto en medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2022, que considera un recorte de 22,5% en el gasto total del aparato estatal, dejando atrás el sobregasto por la pandemia.
La iniciativa, que iniciará su trámite con urgencia simple, propone que dentro de los 90 días posteriores a la instalación del nuevo Gobierno, éste fije una meta de balance estructural -como ya operaba-, pero supeditada a la posición financiera neta, reflejando la relación entre los activos del Tesoro menos la deuda bruta.
Así, mediante un decreto supremo del Ministerio de Hacienda, se delineará la base de la política fiscal que se seguirá, en donde se obliga a explicitar la gestión de los activos más líquidos del Fisco, ya que se excluye la capitalización en empresas o los terrenos estatales, por ejemplo.
Si bien desde la crisis financiera de 2009 el balance fiscal se ha hecho esquivo, el saldo de la crisis ocasionada por la pandemia -que prevé dejar unas cuentas fiscales en relación al Producto Interno Bruto (PIB) con un déficit estructural de 11,5% junto a un nivel de deuda bruta de 35%- hizo evidente la necesidad de un mayor compromiso de sostenibilidad, que, en definitiva, recupere "la estabilidad y capacidad de ahorro del país" para enfrentar nuevas crisis, señala la iniciativa.
Con esto, la propuesta avanza hacia un encuadre fiscal que refleje la real capacidad del Estado en base a su posición financiera, haciéndose eco de la necesidad de asegurar una regla que, por una parte, reconozca que los activos son fuente de financiamiento en época de crisis; y que, por otra, refleje que la merma de ellos daña la solvencia del Estado.
Cláusulas de escape
En este contexto, la propuesta legislativa incluye la posibilidad de formalizar un camino para los casos en que sea necesario desviarse de las metas de política fiscal a través de cláusulas de escape. Se contempla que el Presidente de la República dicte las modificaciones, en donde para el caso en que se produzcan por "eventos transitorios" que deterioren gravemente el potencial de la actividad económica y el empleo, se especifique el plazo máximo por el cual se desviará de los objetivos de balance estructural y posición financiera neta y se explicite cómo se volverá al equilibrio.
Además, se establece la publicación en el sitio web del Ministerio de Hacienda de un documento con la metodología que el Gobierno de turno aplicará para lograr que el balance estructural comprometido le permita alcanzar la posición financiera neta, en el que también incluirá una estimación a 10 años del escenario que contempla para la relación de los activos del Tesoro menos la deuda bruta.
Otro requisito de información es que al cabo de dos años de mandato y a 60 días antes del fin del período presidencial, el ministro de Hacienda deberá dar cuenta en el Congreso del cumplimiento de las metas autoimpuestas en base a su compromiso de responsabilidad fiscal.
Desde la cartera de Hacienda contextualizaron que estas modificaciones, más el proyecto de ley de Presupuestos que se propone para 2022, dan señales de consolidación fiscal que reducen las presiones sobre los precios y las tasas de interés de la economía chilena.
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