Es oficial: la tarde de ayer, la Sala de la Cámara de Diputados dio el visto bueno al acuerdo alcanzado entre el gobierno y los senadores y despachó a Ley el Presupuesto del 2022, que contempla una reducción histórica del gasto público.
En una sesión de menos de 30 minutos, la Sala de la Corporación refrendó por 79 votos a favor y 3 en contra el consenso alcanzado en la Cámara Alta hace dos semanas.
De esta manera, el Gobierno que asuma el 11 de marzo del próximo año deberá gestionar un erario que contempla una caída total del gasto de 22,5% respecto a la ejecución proyectada para el actual ejercicio, pero es 3,5% mayor a lo aprobado por el Congreso para el actual período.
La aprobación supone un triunfo para el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, al tramitar uno de los erarios más complejos desde el retorno a la democracia y que deja atrás el histórico impulso fiscal implementado en 2020 y 2021 para enfrentar la emergencia sanitaria.
"Esta es una muy buena noticia porque este Presupuesto nos va a permitir reactivar nuevamente la economía porque trae mucha inversión pública. También trae una serie de fondos que tienen que ver con PYME, con empleo y fondos que están relacionados con seguir trabajando en la pandemia", afirmó.
El texto se despachó a Ley en la última jornada de plazo, ya que hoy se cumplía el plazo constitucional de 60 días para su tramitación.
Los detalles del acuerdo
En el Senado, las partes alcanzaron un consenso en uno de los temas más controversiales del erario: la partida del Ministerio del Interior, en específico las platas para los nuevos gobernadores regionales, al aumentar en $ 50.000 millones los recursos de saldos de caja que podrán disponer las autoridades regionales.
Se incluyeron otros requerimientos, como la incorporación de recursos del FAR para la conectividad física, proyectos de electromovilidad y para la conectividad digital, además del incremento en casi $ 2.000 millones de los recursos para el nuevo Servicio de Migraciones.
En la siempre controversial partida del Tesoro Público, se acordaron recursos para el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y el "bono cultura" para los artistas y trabajadores del sector.
En Salud, se aumentaron en $ 120.000 millones los recursos para la resolución de las listas de espera, más fondos para gastos en personal de la Agencia Nacional del Cáncer e incrementar en $ 133.967 millones las platas para el per cápita para la salud primaria.
Otro punto disputado entre las partes era Vivienda, donde se aprobó incorporar a los municipios para que puedan aplicar subsidios en el Minvu; fortalecer el rol de las cooperativas de vivienda, incrementar desde 25 mil a 50 mil los subsidios DS 49 para la construcción de viviendas de hogares vulnerables, y autorizar al Serviu para comprar terrenos con destino habitacional en zonas declaradas como rezagadas.
En Educación se acordó crear un nuevo fondo para apoyar a los Servicios Locales de Educación, realizar un estudio para determinar la factibilidad de modificar el sistema de financiamiento de los jardines infantiles vía transferencia de fondos y la postergación de los aranceles regulados para las instituciones de la educación superior al 2023.
También, se visaron recursos para fondos concursales a escuelas rurales con alta tasa de estudiantes indígenas, la extensión del beneficio de transporte escolar parvulario a escuelas rurales, el incremento de $ 5.000 millones para el diseño de nuevos jardines infantiles y estudios para evaluar un fondo basal de emergencia para universidades estatales.
Mientras que en Culturas y las Artes se acordó crear un fondo por US$ 20 millones para colaboradores del rubro, el que comenzará a ejecutarse el primer semestre del próximo año.
También, se aumentaron desde US$ 720 millones a US$ 800 millones los fondos de libre disposición para la administración entrante.
El acuerdo también incluyó la creación, en 2022, de un Registro Público de Beneficiarios Finales de las Empresas, tanto privadas como estatales.
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