La legislación de emergencia para ayudar a Puerto Rico a reestructurar una deuda de US$ 70 mil millones superó un voto procedimental con 68 votos contra 32 en el senado, aumentando las posibilidades de que el proyecto será firmado por el presidente Barack Obama antes de que se cumpla el plazo mañana.
El proyecto había sido aprobado en la Casa de Representantes con un imprevisto apoyo bipartidista.
La administración de Obama y el gobierno de Puerto Rico han hecho lobby para aprobar la ley, que frenaría nuevos litigios y establecería un directorio de control para ayudar al territorio de EEUU a balancear su presupuesto y reestructurar sus deudas.
Los políticos han advertido que sin la legislación, un diluvio de demandas podría impedir a Puerto Rico financiar los servicios básicos.
En una carta esta semana a Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el senado, el secretario del Tesoro, Jack Lew, dijo que la isla podía verse forzada a despedir a policías, cerrar hospitales o frenar el transporte público si una demanda tenía éxito en la ausencia de la ley de emergencia.
Los pagos de US$ 2 mil millones que se cumplen el 1 de julio incluyen cerca de US$ 800 millones a dueños de bonos de obligación general (GO), considerados los prestamistas más senior en la bolsa de deuda estadounidense de US$ 70 mil millones. En encuentros en Washington el martes, el gobernador Alejandro García Padilla dijo a los legisladores que el proyecto era “imperfecto”, pero necesario.
La isla de 3,5 millones de personas ha luchado con casi una década de caída económica y un índice de pobreza del 45%. El malestar económico reciente ha acelerado un éxodo de puertorriqueños al territorio continental de EEUU, aumentando los problemas de la isla.
Puerto Rico ya ha caído en default en algunas de sus deudas, aunque se mantiene al día en sus bonos GO. A diferencia de las ciudades y municipalidades de EEUU, Puerto Rico y otros territorios no tienen acceso a protección bajo el código de bancarrota de EEUU. La nueva legislación daría a la isla y sus emisores de deuda ese derecho, siempre que hayan hecho esfuerzos de “buena fe” para negociar con acreedores y recibido autorización del directorio de control.
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