Mediante administración creativa, el gobierno de Argentina recurrió en el último mes a un financiamiento que no estaba previsto de manera original en el programa financiero de este año y dejó despejado el horizonte para que 2019 pueda estar lo más cerca de prescindir del sexto desembolso del Fondo Monetario Internacional.
Si bien en el esquema original estaba previsto que el 15 de septiembre llegaran los US$ 5.400 millones del FMI, y otros US$ 1.000 millones a mediados de diciembre, que la relación haya entrado en un momento de stand-by, con pocas certidumbres acerca de cuándo llegarán esos recursos, se tradujo en echar mano a otras vías de financiamiento.
Además de la demora en el envío del sexto desembolso y el empeoramiento de la recaudación por la recesión, otras definiciones que excedieron al Ejecutivo llevaron a que fueran necesarios más recursos. Tal fue el caso de las demandas de varias provincias, que implicaron que el Estado Nacional deba hacerse cargo de haber eliminado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a varios productos de la canasta básica.
En ese aspecto, el decreto de necesidad y urgencia de ayer mediante el cual el gobierno amplió el presupuesto de este año por más de 680 mil millones de pesos argentinos también definió que la devolución por este concepto a las provincias no va a salir de recursos del presupuesto, ni en 2019 ni 2020, y en cambio lo hará de rentas generales.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) detalla que "se harán con recursos propios con cargo a Rentas Generales, no formarán parte del Presupuesto para los años 2019 y 2020, y se efectuarán en forma diaria y automática por instrucción del Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Hacienda, al Banco de la Nación".
Esta adecuación de ayer, para no alterar el presupuesto previsto para es año, se suman a las del último mes, que modificaron de manera más profunda la manera de financiarse.
Además de la demora de los US$ 5.400 millones del FMI, el reperfilamiento de las letras del corto plazo se tradujo en que en algunas dependencias oficiales (como en la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSeS-) hubiera cierta reticencia a renovar vencimientos con el Tesoro.
Así, en primer lugar, el 30 de septiembre, para ayudar a cerrarla caja y también dar otro sustento jurídico a las colocaciones a la ANSeS, se emitió un DNU mediante el cual se obligó a todo el sector público a colocar sus excedentes de liquidez en letras del Tesoro.
A esto se sumó que se modificaron los plazos mínimos autorizados para endeudarse de manera de adecuarlos al formato dado por el DNU del 30 de septiembre, que delimita a un máximo de 180 días. A su vez la semana pasada el gobierno tomó 30 mil millones de pesos argentinos del Banco Nación y le colocó letras al Fondo de Garantía de Sostenibilidad de la ANSeS.
El lunes el Banco Central duplicó la exposición que los bancos pueden tener al sector público siempre y cuando el aumento de préstamos a los tres niveles de gobierno tenga por destino el pago de haberes. Se busca que haya recursos para pagar aguinaldos.
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