En medio del fuerte crecimiento que ha registrado en los últimos años, que la ha llevado a procesar las remuneraciones de más de 1,4 millones de trabajadores en Chile, la startup tecnológica Buk se encuentra intentando integrar a su plataforma la prestación de los servicios de recaudación de cotizaciones previsionales y de salud a través de un sitio web.
Sin embargo, en su intento por ingresar a este mercado se encontró con un obstáculo: las condiciones establecidas en la licitación impulsada por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
El conflicto escaló hasta el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), instancia a la que Buk acudió para cuestionar las bases del concurso actualmente en desarrollo, advirtiendo que estas generarían “riesgos de exclusión y consolidación artificial de un monopolio”.
Las razones
¿Qué es lo que cuestiona Buk? Actualmente, la legislación permite que Fonasa encargue a terceros la recaudación de las cotizaciones de salud de los trabajadores mediante procesos de licitación pública.
Y aunque la normativa contempla la posibilidad de celebrar convenios con distintos prestadores, Buk sostiene que, en la práctica, el mercado se encuentra concentrado en un único operador, es decir PreviRed.
A juicio de Buk, el problema radica en que las bases de la nueva licitación no garantizarían condiciones mínimas de competencia para que otras empresas puedan disputar la prestación del servicio, favoreciendo así la continuidad del actual operador.
Uno de los principales reparos de la plataforma apunta a que el contrato es adjudicado a un único proveedor, lo que, según la firma, impediría la participación de otros actores durante toda su vigencia.
“No existe en la ley un mandato para seleccionar un único proveedor. Por el contrario, según se explicó, la potestad se refiere expresamente a la celebración de ‘convenios’, en plural. Asimismo, toda la regulación administrativa de esta clase de servicios admite, y supone, la existencia de múltiples prestadores”, argumentó.
A ello se suman cuestionamientos a los criterios de evaluación establecidos en las bases, que, según la plataforma, constituirían barreras de entrada para empresas que buscan ingresar a este negocio.
Entre ellos figura la asignación de puntaje en función de la cantidad de convenios de cobertura de pago que mantengan los oferentes con entidades bancarias. Para Buk, esta exigencia carecería de justificación como condición para competir, considerando que dichos acuerdos podrían concretarse durante la etapa de implementación del contrato, una vez adjudicado.
La firma también cuestionó la redacción de este requisito, señalando que, si bien inicialmente las bases parecen permitir la presentación de ofertas sin contar con convenios bancarios, sus condiciones terminarían excluyendo a quienes no los tengan.
Otro de los puntos objetados corresponde a la ponderación del precio dentro de los criterios de adjudicación, que, según la compañía, reduce las posibilidades de competencia entre los oferentes.
Finalmente, Buk apuntó a las exigencias de experiencia previa, argumentando que estas otorgan una ventaja injustificada a PreviRed, al considerar específicamente la recaudación electrónica de cotizaciones durante los últimos tres años.
“Como se sabe, sólo el incumbente PreviRed realiza actualmente, y ha realizado en los últimos tres años, la recaudación electrónica de dichas cotizaciones. Es decir, este requisito confiere una ventaja competitiva injustificada al operador incumbente, impidiendo la entrada de nuevos participantes”, sostuvo la Buk.
La suspensión
La ofensiva de Buk se produce en momentos en que la licitación de Fonasa se encuentra en plena tramitación, con la recepción y apertura de ofertas fijada para este miércoles 21 de octubre.
Precisamente por ello, la compañía solicitó al TDLC suspender el procedimiento mientras se revisan sus bases, argumentando que continuar con el concurso podría consolidar la posición de PreviRed, actual prestador del servicio, y cerrar el mercado a nuevos competidores durante los próximos dos o tres años.
“La única forma de evitar estos efectos negativos para la competencia es suspender la licitación”, sostuvo Buk en su presentación.
Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud de suspensión, señalando que “no se han esgrimido argumentos que den cuenta de un riesgo a la competencia que justifique la suspensión solicitada o que esta sea necesaria para el resguardo del bien común”.
De todas formas, la consulta presentada por Buk ante el TDLC continúa en tramitación.
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