El 1er Tribunal Ambiental decretó ilegal el rechazo del proyecto minero Dominga por parte del Comité de Ministros del anterior gobierno. Las razones son: no se convocó con la debida antelación a los ministros para resolver, no se les entregó a tiempo los informes necesarios, se establecieron hechos nuevos que no formaban parte del expediente de evaluación, en fin, se enumeran varias vulneraciones al debido proceso administrativo. Algunas de ellas bastante vergonzosas.
También señaló que el rechazo del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación de Coquimbo (6 votos a favor, 6 en contra) tampoco se ajustó a derecho, por cuanto 5 de los 6 seremis que rechazaron no dijeron, o no supieron qué decir, para fundar su rechazo. No es extraño esto último, si dos de ellos (Transportes y Energía) incluso se habían manifestado a favor del proyecto pocos días antes de que votaran en contra.
El Tribunal ordena, entonces, que el proceso deba volver a esa instancia regional, para que la Comisión de Evaluación se pronuncie fundadamente.
Pareciera que no fueron las 4.000 páginas del expediente de evaluación lo que motivó el rechazo, sino una instrucción política del segundo piso, de esas que se pusieron de moda a finales del anterior mandato presidencial.
El problema es que todavía no sabemos si el proyecto cumple o no con la normativa ambiental. Sabemos que hubo ministros y seremis que dijeron que no lo hacía, pero no explicaron bien las razones. El Comité Técnico de Evaluación, por su parte, dijo que sí cumple con la normativa, pero no es el órgano soberano para resolver este asunto.
Lo peor es que el debate se centra en cuestiones procesales. Tanto los argumentos de la Reclamación, como los del 1er Tribunal Ambiental se limitan a argumentos de forma, relevantes por cierto pues tienen que ver con el debido proceso y con la evaluación técnica y no política de los proyectos, pero el punto es que la discusión de ahora es sólo de asuntos formales. Tanto las ventajas del proyecto como sus posibles impactos son música. Esta es una discusión enteramente procesal.
Es importante señalar, en todo caso, que las responsabilidades son compartidas. El hecho de que el exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, hubiera recibido $ 42 millones por parte de los propietarios de Minera Dominga, ciertamente no ayudó a la correcta evaluación de esta iniciativa.
Cuesta entender que para un proyecto de esta magnitud se hayan cometido tantas desprolijidades, tanto por los titulares del proyecto, como por parte de los organismos públicos y autoridades competentes.
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