Fue el voto que por estos días será el argumento ancla que presentará el Servicio de Evaluación Ambiental para revertir el fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia que decidió anular -por mayoría de dos contra uno- la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto tronaduras de Mina Invierno.
Durante la mañana de ayer se reunió el directorio de esa compañía y, más allá de los pasos comunicacionales que se emprenderán, se habría reconfirmado que recurrirán a la Corte Suprema, por lo que ahora los ojos sólo están puestos en la defensa que estaría principalmente sustentada por el voto disidente.
El protagonista por estos días es el ministro presidente del Tribunal Ambiental de Valdivia, Iván Hunter, quien dejó en claro en el fallo que no habrá afectación significativa al componente paleobotánico de la Mina Invierno. Por ello, afirma que existiendo medidas de resguardo, no cabe sino que conservar la RCA.
Reconoce que no hubo sorpresa en el voto de sus pares y asegura: “En esta sentencia hay una decisión con un análisis profundo, científico y legal y respecto de ese análisis es que cada uno tomó una resolución”.
- ¿Ve una tensión entre la justicia y el SEA, considerando que no es la primera vez que es un tribunal quien cuestiona organismos técnicos?
- Nuestro rol principal escontrolar las actuaciones de la administración en materia medioambiental, tanto en el ámbito legal, como en el técnico; la tensión a la que usted hace referencia es esperable entre un juez y una de las partes, porque siempre la decisión dejará conforme a alguna de ella y disconforme a la otra. Lo que ocurrió en este caso específico es que, a juicio de este disidente, los organismos técnicos cumplieron con la normativa y contaban con la información necesaria para resolver, dentro del ámbito de la discrecionalidad que tiene la administración; a diferencia de lo que estimaron mis colegas, que concluyeron que no había información suficiente en el expediente. Sin embargo, en otras causas el Tribunal ha votado de manera unánime en causas contra la administración, por actuaciones “técnicas” que no fueron correctamente realizadas. Y, por el contrario, también se ha decidido que la administración ha actuado correctamente.Hay que considerar que en esta causa habían otras controversias de carácter técnico y jurídico en lo que logramos una opinión común. En resumen, los Tribunales Ambientales fuimos creados para controlar las actuaciones de la administración, desde una perspectiva legal y técnica, pero respetando el ámbito de discrecionalidad que el propio legislador consagró para los órganos públicos. Eso es algo que se debe tener muy presente. Deferencia técnica no existe pero sí respetar la discrecionalidad.
- ¿Cuál es su lectura del constante rechazo de la reposición a la medida cautelar?
- Creo que relegar la resolución del Tribunal a un ámbito ideológico o de convicciones es desestimar todo el trabajo que los ministros y el equipo del Tribunal realiza en esta y en todas las causas. A pesar de no compartir el voto con mis colegas, cada uno adoptó su decisión tras un análisis complejo, en una causa de más de 22 mil fojas y con informes científicos y legales que fueron revisados cuidadosamente para resolver.
Eso no implica que no exista una clara diferencia de criterios entre el voto de mayoría y este disidente, pero es coherente con que ni el derecho ni todas las ciencia son exactas, y se abren espacios de discusión y opciones. Eso ha pasado en este caso, pero siempre en un contexto de excelencia y trabajo riguroso. Podemos estar o no de acuerdo con lo que se resuelve, pero el trabajo realizado en serio y responsable, y nada tiene que ver con cuestiones ideológicas.
- ¿Cómo debería abordar este caso la Corte Suprema?
-Eso es algo que tiene que decirlo la Corte Suprema. Lo que está claro es que, al igual que en todos los recursos de casación que se han presentado contra fallos de éste y los otros Tribunales Ambientales, la revisión de la Corte Suprema será exhaustiva y cerrará esta discusión de manera definitiva.
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