El gobierno del multimillonario inversionista convertido en político Sebastián Piñera tiene grandes sueños de mover a Chile por la cadena de valor del litio hasta la fabricación de autos eléctricos.
El gobierno anterior negoció expansiones en la producción de litio y subastó contratos para desarrollar productos de valor agregado. Ahora, la administración de Piñera, que asumió el 11 de marzo, planea formar un grupo de trabajo para atraer inversión extranjera más adelante en la cadena de valor.
"En poco tiempo habrá empresas de la electromovilidad interesadas en instalarse en Chile", dijo el ministro de Minería Baldo Prokurica durante una entrevista el martes.
El nuevo gobierno adoptará un enfoque pragmático para atraer inversiones a través de incentivos, en lugar del enfoque de Bolivia de obligar a los posibles productores de litio a desarrollar también operaciones de mayor valor.
Mientras Chile está lejos de los principales centros de demanda en EEUU, Europa y Asia, tiene las mayores reservas mundiales de litio en los salares del desierto de Atacama, que también generan abundante energía eólica y solar. La infraestructura vial y portuaria utilizada por las mayores empresas de cobre del mundo también formaría parte de la promoción de Chile a los fabricantes. El cobre también se usa para fabricar vehículos eléctricos.
A principios de este mes, la agencia estatal de desarrollo Corfo eligió compañías, que incluyen a Samsung SDI Co. y Posco, para invertir un total de US$ 754 millones para desarrollar productos de valor agregado como materiales de litio fosfato de hierro y cátodos para baterías recargables.
Por ahora, el papel de Chile en la revolución del vehículo eléctrico se limita a dos compañías -Albemarle y SQM- que exportan materias primas. Una tercera compañía, Wealth Minerals, firmó esta semana un acuerdo para formar una empresa con la estatal estatal Enami para producir y vender litio desde los salares de Atacama y Laguna Verde.
El desarrollo futuro de la industria minera del litio en Chile se ve obstaculizado por la determinación del gobierno en 1979 de designar al mineral como "estratégico" porque se pensaba que era un elemento clave en los procesos nucleares. El gobierno anterior redactó nuevas reglas que le habrían permitido subastar los derechos mineros en un intento por abrirse a nuevos actores en medio de la creciente demanda de los fabricantes de baterías. Pero ese borrador nunca se implementó.
El nuevo gobierno no hará cambios radicales a menos que haya un amplio acuerdo político, dijo Prokurica.
"En esta materia, tenemos amplitud de criterios", dijo. "Si alguno de estos marcos regulatorios ayuda al desarrollo de la cadena de valor, lo vamos a retomar. Si no, los dejaremos donde están".
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