El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió ampliar la querella contra el expresidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, a quien inicialmente acusó de cohecho en la causa relacionada a los contratos con la empresa INDAK, de José Miguel Julián González, otro acusado en este caso, y quien también fue socio su hijo. La entidad que cautela los intereses del Estado sindica ahora al exejecutivo de 81 años de supuesto fraude al Fisco, todo ello en relación a los contratos por movimiento de tierras y otras obras en la división El Salvador de Codelco.
Sobre esta trama legal que ya lleva varios años, Nelson Pizarro afirmó a DF: “He revisado la carpeta investigativa y no logro identificar una sola conducta mía que sea ilícita. No me logro explicar que se mantenga mi condición de imputado”.
“He revisado la carpeta investigativa y no logro identificar una sola conducta mía que sea ilícita. No me logro explicar que se mantenga mi condición de imputado”.
Nelson Pizarro, ex presidente ejecutivo de Codelco.
Esto porque la acción se produce un día después que la defensa de Julián González solicitara audiencia para el sobreseimiento del proceso judicial. Por ello, el abogado de Pizarro, Samuel Donoso, sostiene que “no hay nada nuevo” y que “el CDE copió y pegó su querella original y agregó algunas referencias a declaraciones de testigos para intentar mañosamente que no se decretara un sobreseimiento”. Por lo mismo, cercanos al proceso estudian acciones judiciales por la manipulación intencionada de los hechos asentados en la causa.
La información está siendo analizada por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, donde se lleva un proceso contra Nelson Pizarro, luego de una demanda que fue presentada por Codelco en diciembre de 2019 por tráfico de influencia y el proceso del CDE en 2020.
Piden levantar secreto bancario
En el escrito, presentado por la abogada Ruth Israel, el CDE solicita que la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios de la PDI realice un peritaje contable sobre los perjuicios sufridos por Codelco. También se pidió el alzamiento del secreto bancario de los querellados, entre el 1º de junio de 2014 al 31 de agosto de 2019; que la brigada experta en lavado de activos de la PDI desarrolle un estudio de las sociedades que estarían vinculadas a Julián, sus socios y beneficiarios finales.
También instó a que la policía realice diligencias respecto de la arista “error en el plan minero” en El Salvador, en especial sobre los partícipes en la toma de decisiones en Codelco.
Además, pidió al Ministerio Público oficiar a la estatal para informe contrataciones, pagos dispensados, ampliaciones de contratos, entre otros, en relación a los contratos suscritos con la empresa INDAK materia de esta querella, donde debió contarse con autorización del entonces presidente ejecutivo de la empresa.
También solicitó que la Fiscalía oficie al Conservador de Bienes Raíces de Santiago y San Miguel para que informe si Nelson Pizarro Contador y José Miguel Julián González registran inscripciones de bienes inmuebles a su nombre, su fecha de compra, entre otros antecedentes. Otro tanto va para la CMF, para que entregue datos sobre los productos financieros o bancarios, depósitos, fondos mutuos u otros instrumentos, así como las entidades involucradas en ello. También si los querellados son accionistas de sociedades anónimas y cuáles son éstas.
Origen del caso
Sobre los hechos -que Julián le habría vendido a Felipe Pizarro, hijo del ex presidente de Codelco, un inmueble en $ 75 millones pese a que su avalúo fiscal superaba los $ 500 millones- el CDE señala que “la dádiva o pago ilícito consistió en el beneficio económico obtenido por el hijo y la nuera del alto directivo de Codelco”. Cercanos a la defensa señalan ha quedado acreditado que por ese inmueble se pagó en total $ 751 millones y que tampoco es cierto que las diversas licitaciones en que estuvo involucrada INDAK fueran por asignación directa, sino que por el contrario, siempre se hicieron licitaciones con varios oferentes.
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