La minera Cerro Colorado, ubicada en la Región de Tarapacá, está en un momento crítico: mientras pesa sobre ella una medida cautelar que la obliga a dejar de extraer agua desde octubre y por 90 días, lo que implicaría que tenga que detener su operación, está en pleno proceso para lograr un permiso ambiental que le permita seguir funcionando hasta 2023.
Esto último tiene una historia larga: en 2015, la firma operada por la australiana BHP había logrado una Resolución de Calificación Ambiental, pero tras un juicio, en 2019 el Segundo Tribunal Ambiental echó para atrás el proceso, cuestionando que las medidas que proponía la empresa no resultaban idóneas para hacerse cargo del impacto en el aumento en los plazos de recuperación del acuífero Pampa Lagunillas, donde extraen el agua que utilizan.
Así, el trámite en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental volvió atrás y, en marzo de 2020, los servicios que participan en el proceso emitieron un informe con consultas para subsanar los déficit encontrados por el tribunal. Tras un año y medio, este viernes la empresa dio respuesta, estableciendo algunos compromisos adicionales respecto al manejo del recurso hídrico.
Aunque son procesos paralelos, el documento se da a conocer a pocos días de que este martes se concrete la audiencia donde el Tribunal Ambiental de Antofagasta evaluará si mantiene o no su decisión de que la empresa suspenda la extracción de agua, ante una demanda por daño ambiental.
De mantenerse la medida, el escenario de una paralización es inminente, ya que Lagunillas es la fuente de agua de la operación. Por esto, a poco menos de un mes de conocerse esta resolución por parte de la justicia ambiental, la mina de BHP comenzó a analizar eventuales medidas.
Compromisos y cambio climático
Cerro Colorado, una faena relativamente pequeña dentro del contexto de la gran minería del cobre nacional, que produce anualmente entre 60 y 70 mil toneladas de cobre, extrae el agua que requiere del bofedal Pampa Lagunillas. Uno de los objetivos del proceso ambiental es que, una vez que la fena cumpla su vida últil en 2023, el lugar donde se obtiene el agua vaya recuperándose hacia el 2050.
Para eso, la firma comprometió dos nuevas medidas, las que a su juicio le permiten cumplir con los plazos de recuperación del acuífero. La primera de ellas, que incluso ya se está aplicando, es la reducción de la extracción de agua, para quedar en un promedio anual de 108 litros por segundo, con un máximo instantáneo de 135 litros por segundo. Esto se viene aplicando de junio de 2020.
La segunda medida consiste en relocalizar un pozo de extracción en 2022, lo que facilitaría la recuperación también. Además, se presenta un proceso de Alerta Temprana asociado a la recuperación.
Una tercera medida que sería relevante e inédita es que se agregaron otras herramientas y metodologías para caracterizar la respuesta hidrológica de la cuenca.
Se incorporó el efecto del cambio climático donde hay una modelación que reconoce todas las variables que se ven afectadas por este fenómeno, generando una predicción respecto a la recuperación de los niveles del acuífero.
En específico, según se consigna en el documento, se realizaron trabajos adicionales para cuantificar la recarga natural al acuífero de Lagunillas, y la proyección de ésta a futuro bajo escenarios de cambio climático. Estos análisis complementarios fueron presentados por la minera en dos informes anexos.
De esta forma, se reinicia el proceso de evaluación ambiental, con el convencimiento de que es necesario acelerar este camino aún más frente a la medida cautelar que comenzaría a regir desde el 1 de octubre.
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