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REGÍSTRATE AQUÍEl gobierno negó la acusación en un escrito y no expuso en la audiencia.
Por: María José Blanco
Publicado: Miércoles 18 de diciembre de 2019 a las 04:00 hrs.
Sin la presencia de un abogado que represente al gobierno, ayer se concretó en el Tribunal Constitucional la audiencia donde se abordó el caso presentado por 41 diputados, quienes plantearon dudas por los alcances de una glosa presupuestaria del Ministerio de Agricultura respecto de si algunos embalses deben contar o no con permiso ambiental para su construcción.
El problema se abrió después que se diera luz verde al presupuesto de esa cartera y en la partida 13 se señalara que “considerando la situación excepcional de escasez hídrica, la Comisión Nacional de Riego podrá permitir la postulación a concursos de la ley N° 18.450 de embalses de volumen superior a 50.000 metros cúbicos e inferiores a 300.000 metros cúbicos, sin importar la altura de su muro, sin que éstos deban ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.
Esto fue tomado por el grupo de parlamentarios como una forma de que se levanten estas obras sin permiso ambiental, interpretación que el ministerio de Medio Ambiente salió rechazar a fines de noviembre.

Ayer, el abogado Ezio Costa fue el único interviniente, en una sala que estuvo prácticamente vacía. Tras la exposición, la sala dejó en acuerdo el caso y la decisión se conocerá en principio este jueves, aunque se podría extender por 10 días más de ser necesario.
De este modo, la postura del gobierno solo se dejó ver en un escrito a nombre del Presidente Sebastián Piñera, junto al Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, solicitando desestimar el requerimiento “atendiendo que la glosa impugnada no ha vulnerado la Constitución”.
En el documento enfatizó que la glosa solo busca “paliar la situación excepcional de escasez hídrica que afecta nuestro país, a través de la simplificación de las exigencias requeridas para postular a la obtención de financiamiento de carácter público”.
“Cabe tener presente que la referencia a la excepción de procesos “como pasar por el SEIA” debe entenderse en el contexto de la postulación a los concursos a que se alude”, dice el documento. El principal cuestionamiento de los diputados tenía que ver con que en la segunda parte del escrito se señala que “los proyectos que no postulen a los concursos de Comisión Nacional de Riego (CNR), pero que sean de la misma naturaleza que los antes mencionados, tendrán las mismas exenciones”, donde acusan doble interpretación y falta de precisión.
El ejecutivo, previo a la jornada de alegatos, respondió al requerimiento y señaló que “si un postulante a los concursos de la ley 18.450 no obtuviese un RCA favorable, ello implicaría que no podrá acceder al financiamiento, pues sólo se entrega una vez recibida la obra en su totalidad”.
“No se trata de una exención en el cumplimiento de la ley como afirman los requirentes”, recalcó el Ejecutivo.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
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Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
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