La licitación de pasaportes y cédulas de identidad vuelve a sufrir una modificación. El Registro Civil informó ayer que aplazó 10 días hábiles la adjudicación del contrato, quedando ahora para el 19 de octubre.
La explicación de la entidad es que esto "va a permitir efectuar una revisión exhaustiva de cada una de las soluciones ofertadas, a fin de seleccionar la propuesta que resulte más conveniente a los intereses del país".
"Sobre todo, considerando la criticidad de los servicios que implican la provisión de los documentos de identidad y viaje por un plazo de 10 años, de modo de contar con documentos de identificación con los mejores estándares de calidad y seguridad a nivel mundial, y con la mayor eficiencia para la ciudadanía", declaró el Registro Civil.
Y recalcó que la definición de aplazar la adjudicación fue formalizada mediante acto administrativo tomado de razón por la Contraloría General de la República.
Hasta el momento, la oferta más conveniente para el Estado fue la que presentó el consorcio liderado por la empresa china Aisino, por US$ 222 millones. La propuesta económica tiene un mayor peso que la parte técnica y la administrativa (65% versus 35%), por lo que al presentar un menor monto se posicionó como la potencial ganadora.
Controvertido proceso
Desde que cinco firmas dieron a conocer sus apuestas de forma pública, el concurso ha estado envuelto en distintos conflictos, que se han traducido en disputas en el Tribunal de Contratación Pública.
Idemia -actual operadora del servicio y participante de la licitación- presentó una demanda ante la instancia, alegando irregularidades en la evaluación de los aspectos técnicos del proceso.
La empresa francesa presentó la segunda mejor oferta, por US$ 241 millones.
En tanto, el consorcio Sonda-Thales también interpuso una acción judicial en la que acusó que la comisión no evaluó las cinco ofertas presentadas conforme a las bases. Su oferta fue de US$ 261 millones y se posicionó en tercer lugar.
Ambas firmas solicitaron la suspensión de la licitación, pero el Tribunal de Contratación Pública definió que siguiera su curso normal, ya que no contaba con antecedentes suficientes para detenerla.
Además de la arena judicial, el tema la licitación también ha sido tratado en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde se cuestionó que la base de datos sea manejada por una empresa estatal china, a lo que el director del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, aseguró que la empresa ganadora no va a administrar la base de datos, sino que esa función la hará su institución.
También se le consultó por temas técnicos como la eliminación del requisito obligatorio de entrega de muestras junto a las ofertas, a lo que respondió que esa decisión se tomó para incentivar la participación de firmas extranjeras, que podían tener dificultades de entregar los requisitos en el país ante el cierre de fronteras provocado por la pandemia.
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